La protección de las mujeres frente a distintas formas de violencia y discriminación fue el eje de seis reformas aprobadas durante el segundo año legislativo, entre las que destacan cambios relacionados con el feminicidio, la tipificación del acecho y el reconocimiento de contenidos íntimos falsos generados mediante inteligencia artificial como una modalidad de violencia digital.
El balance legislativo presentado por la diputada Alma de la Vega incluye también modificaciones a 17 ordenamientos legales en materia de igualdad sustantiva, con medidas orientadas a ampliar el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.
Entre los cambios destaca una reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en Materia de Feminicidio, con la intención de establecer un marco normativo general para atender este delito. Sin embargo, la modificación constitucional no significa que dicha ley ya haya sido expedida, pues todavía requiere el proceso legislativo correspondiente.
Otro de los avances señalados es la incorporación del acecho al Código Penal Federal, una conducta que comprende prácticas persistentes de vigilancia, seguimiento o contacto no deseado que pueden afectar la tranquilidad y seguridad de las personas. La aplicación de esta figura dependerá de los elementos específicos que establezca la legislación y de las condiciones que deban acreditarse para configurar el delito.
En materia digital, las reformas contemplan el reconocimiento de contenidos íntimos falsos creados mediante inteligencia artificial como una forma de violencia, una medida que busca responder a los daños provocados por imágenes y videos manipulados para simular situaciones íntimas y afectar la privacidad, identidad y reputación de las mujeres.
La agenda también incorpora cambios en 17 ordenamientos relacionados con la igualdad sustantiva, un concepto que busca superar el reconocimiento formal de derechos para avanzar hacia condiciones que permitan a las mujeres ejercerlos efectivamente en los distintos ámbitos de la vida pública y privada.
Las modificaciones atienden problemáticas diferentes: desde la violencia letal y las conductas de persecución hasta las agresiones cometidas mediante herramientas tecnológicas y las desigualdades que persisten en el ejercicio de derechos.
Aunque las reformas representan cambios en el marco jurídico, su impacto dependerá de que las instituciones responsables cuenten con mecanismos de aplicación, capacidad de investigación y recursos para garantizar la protección de las víctimas y el acceso a la justicia.