Los colectivos feministas están cabildeando con los diputados del Congreso de Tamaulipas que se elimine toda pena para aquellas mujeres que quieran abortar en cualquier parte de la gestación, pero además piden aumentar la sanción para aquellas personas que las obliguen a no tener a sus hijos.
México Igualitario, Abortistas, Matamoros Decide, Colectiva Xolotl, Frente Feminista Tamaulipeco y Mujer Manglar, son los grupos que buscaron al diputado Isidro Vargas, que hizo la propuesta para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestión, para hacer las propuestas que creen necesarias que garanticen el pleno goce de los derechos reproductivos a las mujeres.
Los colectivos han expuesto que eliminar cualquier tipo de sanción cuando una mujer decida interrumpir su embarazo, en cualquier momento, ayudaría a eliminar la estigmatización y criminalización que se hace contra aquellas que deciden no tener un hijo.
Y es que aunque que el fallo de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la criminalización del aborto, la propuesta que hizo el diputado Isidro Vargas, para presuntamente despenalizarlo, incluye que se ponga una sanción de uno hasta cinco años de prisión a las mujeres que decidan abortar después de las 12 de semanas de gestación.
“Continuar con la criminalización con pena de prisión, multas, trabajo comunitario o tratamiento de salud, con lleva no solo a perpetuar el estigma contra el aborto sino a generar situaciones de desigualdad social”, indicaron las representantes de los colectivos feministas.
La iniciativa que actualmente se está analizando en el Congreso del Estado sólo penaliza a las personas que provoquen el aborto sin su consentimiento a una mujer, cuando esta sea menor de edad o tenga alguna discapacidad, pero los colectivos están pidiendo la protección para las gestantes en general, que desean tener a sus hijos.
Se está pidiendo la derogación de la fracción I, que dice, “de cuatro a seis años de prisión, cuando provoque el aborto a solicitud o ruego de la mujer embarazada y sea mayor de edad; así como el número II, que refiere “De cuatro a ocho años de prisión, cuando provoque el aborto a solicitud o ruego de la mujer embarazada y ésta sea menor de edad o incapaz”, pues ellos afectarían de forma directa al personal de salud, pues muchas veces deciden no brindar servicios de aborto por temor a la criminalización.
yc
