Pobladores de la comunidad Jagüey Blanco protestaron el sábado en las inmediaciones de la alcaldía de Mixquiahuala para exigir el cierre definitivo y saneamiento del basurero ubicado en la zona de Boxasni, debido a las afectaciones ambientales que representa para su colonia por la colindancia.
Los inconformes se apostaron frente a la alcaldía con pancartas y lonas en las que manifestaban su rechazo a lo que, consideraron, es un tiradero a cielo abierto que no ha cumplido con la normativa ambiental en sus 13 años de existencia, motivo por el que se opusieron a su reapertura y por el contrario pidieron que el lugar sea sometido a un proceso de saneamiento.
Los vecinos recordaron que en 2011 el alcalde Rogelio Neria Calva puso en marcha el proyecto que fue anunciado como relleno sanitario y el cual, de acuerdo a las autoridades municipales, contaba con los permisos correspondientes; sin embargo, seis meses después Rubén Mendoza, delegado auxiliar, se percató de que el espacio operaba en malas condiciones, sin atender la normativa, como lo habían manifestado las autoridades, por lo que se inconformaron ante la alcaldía.
Pero, acusaron, no hubo respuesta y a causa de ello expusieron el caso ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), instancia en la que se siguió el proceso, dentro del cual fue requerido ante la dependencia el entonces nuevo alcalde, Isidoro Monroy, junto con los titulares de Ecología y de Obras Públicas, para que atendieran las observaciones.
Los vecinos en ese momento expusieron ante Semarnath que el complejo era un tiradero clandestino y no un relleno sanitario como se presentó a los habitantes y denunciaron que la dependencia entregó un apoyo a la alcaldía para las labores de saneamiento, las cuales, dijeron, nunca se realizaron y a causa de ello los habitantes optaron por cerrar el basurero.
Pero en 2017, el entonces alcalde Humberto Pacheco Miralrío, pidió a los vecinos permitir la reapertura del lugar y a cambio se comprometió a realizar el saneamiento del espacio, por lo que los pobladores permitieron que se utilizara nuevamente el espacio, aunque no hubo cumplimiento del mandatario y por ende operó con malas condiciones el tiradero.
Un año después, prosiguieron, se nombró a un comité para gestionar la mejora del espacio y se efectuó la reparación del talud de la celda sur, pero después de ello se abandonaron las gestiones y actualmente el espacio presenta malas condiciones, y aunque no está operando oficialmente, sí lo hace de manera clandestina, causando afectaciones a los vecinos.
Recientemente nombraron a un nuevo comité para la gestión del cierre definitivo del tiradero y su saneamiento, por las afectaciones ambientales que genera y particularmente por la preocupación que existe en torno a un daño al pozo de agua potable por contaminación.
Dijeron que como en el caso del tiradero de Atitalaquia, también interpusieron una queja ante la visitaduría regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), en este caso la de Progreso de Obregón, por la operación del tiradero aledaño a su colonia.
Los inconformes fueron atendidos horas después por el alcalde José Ramón Amieva Gálvez, quien después de escuchar la narrativa y los planteamientos les indicó que analizaría la situación y les brindaría una solución a la problemática.
