Con el firme propósito de fortalecer la seguridad y los derechos de quienes utilizan y operan el transporte público, el Congreso del Estado de Hidalgo analiza una iniciativa para reformar la Ley de Tránsito y Seguridad Vial y la Ley de Movilidad y Transporte de la entidad.
Este conjunto de adiciones y modificaciones busca establecer un marco normativo más robusto y adaptado a las necesidades actuales.
La propuesta surge en respuesta a la creciente preocupación por la violencia en el transporte público, un problema que afecta directamente la seguridad y la economía de las comunidades.
Altos niveles de violencia y uso intensivo del transporte público
Según la iniciativa el 80% de los 130 millones de viajes diarios en México dependen del transporte público. Esta cifra es un dato que ha sido ampliamente difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en sus encuestas de origen-destino, así como estudios y publicaciones de instituciones como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que analizan la movilidad urbana en el país.
Agrega que denuncias de organizaciones civiles dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres, informes proporcionados por autoridades en materia de seguridad y procuración de justicia específicamente en Pachuca, se reportan al menos diez casos diarios de agresiones y acoso sexual, subrayando la urgencia de estas reformas.
Medidas propuestas en la iniciativa
La iniciativa plantea varias medidas innovadoras y obligatorias para elevar los estándares de seguridad como la implementación de códigos QR en los tarjetones de los conductores, permitiendo a los usuarios verificar al instante la identidad del operador y sus antecedentes. Esta medida busca fomentar la transparencia y la confianza.
También se propone establecer suspensiones provisionales de los tarjetones de conductores que sean sorprendidos bajo la influencia de alcohol o drogas, garantizando la inmediatez en la sanción de conductas de riesgo.
Además los operadores de transporte público deberán cursar obligatoriamente capacitaciones en conducción responsable y, crucialmente, en prevención de violencia de género. Esta última es una medida directa para combatir el acoso y las agresiones dentro de las unidades.
La iniciativa se fundamenta en la Constitución Política de México y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, buscando armonizar la legislación local con principios de inclusión y protección a grupos vulnerables.
Un aspecto destacado es que la propuesta no generará impacto presupuestario adicional, ya que se basa en la armonización de facultades existentes de las autoridades. Se sugiere a la Comisión de Estudio y Dictamen evaluar la posible necesidad de disposiciones transitorias para su correcta implementación. Con estas reformas, Hidalgo busca posicionarse a la vanguardia en la creación de un sistema de transporte público más seguro, justo y confiable para todos sus ciudadanos.
