Los museos de las Intervenciones, de El Carmen, Nacional de Antropología, del Templo Mayor y de Historia cerraron sus puertas de forma temporal debido a que el INAH, -administrador de ambas instituciones-, sustituyó a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, que durante décadas brindó seguridad y conocía a profundidad las dinámicas de los inmuebles, por empresas privadas seleccionadas mediante licitación pública.
Después de que sólo las dos primeras instituciones informaran sobre el cierre en sus redes sociales, el INAH dio a conocer que el 30 de mayo pasado se emitió el fallo de la licitación pública para la contratación, a escala nacional, de los servicios de vigilancia en inmuebles del instituto, y detalló que resultaron adjudicadas varias empresas.
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Asistencia y Supervisión, en propuesta conjunta con Sistemas Prácticos en Seguridad Privada, para Aguascalientes, Baja California, BCS, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, NL, Puebla, Querétaro, QR, SLP, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México, así como Grupo de Seguridad Privada en lo que refiere a Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas.
“El compromiso de la empresa que ha tomado la responsabilidad de la prestación de este servicio es que, a partir del miércoles 4 de junio, se cuente con los elementos indispensables para la apertura. De no ser así, se aplicarán las sanciones administrativas a que haya lugar”, advirtió el INAH.
Dicho movimiento provocó que los museos cerraran sus puertas al público de manera temporal, pero sólo el de las Intervenciones y el de El Carmen informaron de la situación, “por motivos de fuerza mayor” y para “garantizar la seguridad y protección del patrimonio cultural mientras se realizaba la transición y capacitación del nuevo personal de seguridad”. Sin embargo, esta reestructuración no está exenta de críticas y cuestionamientos.
MILENIO obtuvo copia de la carta dirigida a Diego Prieto, director del INAH, por parte del Sindicato Nacional de Restauradores, en la que le expresa su “extrañamiento por la remoción del personal de seguridad”, señalando que el relevo se hizo “sin aviso previo a las personas trabajadoras ni a las comunidades usuarias”.
Los integrantes del sindicato destacaron que la Policía Auxiliar no sólo “resguardaba los bienes culturales, sino que conocía a profundidad las dinámicas de los inmuebles, los protocolos de emergencia, los flujos de visitantes y usuarios, y las necesidades específicas del personal técnico y de los estudiantes”.
Además, denunciaron que el cambio se realizó “sin permitir siquiera una transición adecuada; teniendo consecuencias directas en el funcionamiento institucional, al grado de provocar la suspensión de actividades académicas, operativas y administrativas en varios centros de trabajo”.
Aunque reconocen que la licitación pública se efectuó conforme a la Ley de Adquisiciones, advirtieron que “el principio constitucional de contratar en las mejores condiciones no puede limitarse sólo a consideraciones económicas, ya que la calidad del servicio de vigilancia debe contemplar factores como la experiencia acumulada, el conocimiento de las dinámicas institucionales, el trato respetuoso a las personas usuarias y la capacidad de intervención adecuada en situaciones problemáticas”.
El sindicato también alertó sobre los riesgos derivados de la alta rotación de personal en las empresas privadas, que “genera desconocimiento del entorno, vulnera la estabilidad en la protección de los bienes culturales y propicia desconfianza entre las comunidades usuarias”.
Critican la falta de transparencia y diálogo, pues en una reunión que se tuvo el sábado pasado con los sindicatos, se les aseguró que “no se retiraría a la Policía Auxiliar en la Ciudad de México”, lo que resultó falso.
Por ello, concluyeron que “esto no puede sino interpretarse como una simulación, una formalidad para aparentar cumplimiento, pero que en los hechos anula cualquier posibilidad de interlocución o rectificación”.
Por estas razones rechazaron el proceso y exigieron “mecanismos de capacitación, supervisión y evaluación rigurosos sobre el desempeño de las nuevas empresas, considerando no sólo los parámetros administrativos, sino también el impacto humano, cultural y académico de este cambio”.
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