De acuerdo con cifras oficiales de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), con un total de 107 niñas, niños y adolescentes menores de edad víctimas de homicidio de enero a julio del 2023, el estado de Guanajuato ocupa el segundo lugar a nivel nacional en asesinatos de menores; las cifras, reflejan que en promedio cada 48 horas un menor es asesinado en la entidad.
El primer lugar, lo ocupa el estado de Michoacán con 113 menores asesinados, le sigue Guanajuato con 107, el tercer lugar es para Jalisco con 106, seguido por los estados de Oaxaca con 101 y Estado de México con 88. Los datos forman parte del registro de "Delitos Contra la Infancia" que, basados en los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se actualizan mes a mes.
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Para el estado de Guanajuato, muchos de estos menores resultan víctimas colaterales del crimen organizado. Uno de los ejemplos más recientes, ocurrió el pasado miércoles 23 de agosto, donde un niño de 12 años murió, y dos más de 10 y 17 años resultaron heridos, luego de un ataque armado en canchas de fútbol del municipio de San Francisco del Rincón, donde sicarios a bordo de una camioneta llegaron y les dispararon de manera directa cuando jugaban.
Previo a ello, el 21 de agosto del año en curso, una niña de 10 años falleció y otra de tres años de edad, resultó lesionada tras un ataque armado en contra de un hombre, en el municipio de Purísima del Rincón. El ataque se operó por sicarios, en la colonia Linda Vista sobre la calle Pino, lamentablemente las dos menores jugaban cerca y fueron víctimas colaterales de los disparos. El hombre fue identificado como José Guadalupe “N” de 35 años de edad, y las niñas, como Diana “N” de 10 años de edad y Sofía “N” de tres años.
Ante tales hechos, la REDIM ha señalado enfáticamente que, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Por lo que las autoridades deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos que los priven de la vida.
