Pese a que su principal tarea es la de brindar acceso y cumplimiento a la justicia para la población, la Fiscalía General del Estado (FGE), los Centros de Reinserción Social (Cereso) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron los organismos gubernamentales de Puebla con más acusaciones en 2019 por violaciones a los derechos humanos.
Así lo dio a conocer la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla en el marco de su Primer Informe de Labores 2019, en el que indica que la FGE, con 407 denuncias, es la instancia más señalada por violentar los derechos humanos; le siguen los Ceresos, con 201; y la SSP, con 140 denuncias.
De igual manera, los municipios de Puebla (mil 60), Huauchinango (167) e Izúcar de Matamoros (57) recibieron el mayor número de quejas en materia de derechos humanos en el año pasado.
En total, la CDH recibió 7 mil 876 solicitudes de intervención, las cuales se repartieron en quejas (mil 710), orientaciones jurídicas (5 mil 510), diligencias oficiosas (280) y otras intervenciones (376).
Al respecto, José Félix Cerezo Vélez, ombudsman estatal, destacó que por primera vez en la historia de la Comisión se calificó como acción de inconstitucionalidad el artículo 294 del Código Civil de Puebla, que establece al matrimonio como un contrato entre un hombre y una mujer, lo cual podría violar los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT).
Añadió que un total de 188 mil 591 personas fueron beneficiadas en el 2019 y capacitaron en la materia a 29 mil 673 servidores públicos de carácter municipal (11 mil 798), estatal (13 mil 571) y federal (mil 304).
Por su parte, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, llamó a que la CDH haga valer su autonomía y defienda los derechos de las personas, pues consideró que Puebla no puede seguir permitiendo la impunidad y menos cuando fue una "lucha de calle" la apertura de mejores condiciones de vida para todos.
Al evento también asistieron David Méndez Márquez, secretario de Gobernación de Puebla; Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); así como los diputados locales Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, y Estefanía Rodríguez Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
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