Misael Zamora es un campesino ecologista de la comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo, en el municipio de Ocuilan de Arteaga, Estado de México, que ahora acusado del delito al que se ha opuesto toda su vida: talamontes.
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Este mes puede decidirse su destino, si su defensa logra un desistimiento de la Fiscalía General del Estado de México o que un juez determine la nulidad del proceso en su contra.
La acusación en su contra se dio porque el 21 abril de 2015 fue con su primo a levantar leña seca para uso doméstico en un lugar llamado Las Cruces. Ahí los interceptaron policías estatales, autoridades de Probosque y la Secretaría de la Defensa (Sedena). La Fiscalía del Estado de México abrió una carpeta de investigación por la presunta comisión de delitos contra el ambiente.
La fiscalía lo acusa de tala ilegal con la agravante de usar una motosierra. Su defensa, encabezada por el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, argumenta que las pruebas no deben tomarse en cuenta y confían poder revertir la acusación en su contra.
“En este momento lo que esperamos es que un juzgado de distrito resuelva el amparo y cancele el proceso contra Misael. El amparo es contra la vinculación a proceso por el juez de control de Tenancingo en el Estado de México. Hay una ilicitud de pruebas, como las entrevistas de tres policías y de un militar”, dijo su abogado Luis Tapia.
Misael pide a la Fiscalía del Estado de México “que cese sus acusaciones y que deje de humillar, maltratar y dañar” a su familia, pues ha sido objeto de represalias por proteger los bosques en su comunidad.
Años de lucha
Su padre, Ildefonso Zamora, lleva más de 20 años dedicado a luchar contra la tala ilegal. Desde entonces, su encomienda lo ha llevado a la cárcel y a perder a uno de sus hijos.
En 1998, Ildefonso junto con otros comuneros y miembros de su familia denunciaron la tala ilegal ante la Procuraduría General de la República. Pese a las exigencias de la comunidad, fue hasta febrero de 2004 que la Procuraduría Federal de Portección al Ambiente (Profepa) comenzó con operativos contra la tala ilegal.
En 2005, Ildefonso presentó otra denuncia, con fotografías y videos que su hijo Aldo tomó para mostrar a los taladores ilegales en flagrancia. En represalia, fue amenazado. En 2006 le dijeron que tenía sus días contados, que si no le bajaba le darían en donde más le dolería.
Y así fue. El 15 de mayo de 2007, sus hijos, Aldo y Misael, fueron emboscados por talamontes. Aldo murió y a Misael resultó herido por una bala en un pulmón.
El 20 de noviembre de 2015 policías detuvieron a Ildefonso, lo acusaron de robo agravado con violencia. Estuvo nueve meses preso y fue liberado gracias a la defensa del Centro Prodh, con apoyo de Amnistía Internacional y Greenpeace.
Cuando la familia ya estaba tranquila, tras la muerte de Aldo y la detención de Ildefonso, las autoridades del Estado de México revivieron la acusación de 2015 contra Misael y en abril de 2019 lo detuvieron.
Aunque está en libertad, el proceso en su contra sigue abierto y tiene medidas cautelares que le impiden abandonar su comunidad, afectando su economía, pues se dedica a vender comida en Morelos, a donde no ha podido ir.
Por el impacto de saber que Misael puede pasar por lo mismo que él, la salud de Ildefonso se ha deteriorado. Una de sus hijas cuenta que “él padece del azúcar y las situaciones por las que ha pasado lo alteraron”.
Misael sigue con su labor altruista y como cualquier miembro de su comunidad, acude este verano a las jornadas de reforestación que se organizan cada sábado. Este año la meta es sembrar 400 mil árboles.
RLO
