Organizaciones ambientalistas en la región de Tula solicitaron al gobierno federal una consulta pública sobre la manifestación de impacto ambiental del proyecto ejecutivo para el saneamiento de los ríos Tula y El Salado.
Lanzan comunicado
A través de un comunicado conjunto las organizaciones, entre las que se encuentra Comunidades en defensa de la vida y el territorio de la región tolteca, Rescate del río, Red de vecinos, Fundación Apaztle, Movimiento no al basurero Atitalaquia, Museo Comunitario Atotonilli, Río Tula restauración y justicia socioecológica, y la Unión de ecologistas San Gerónimo Tlamaco, indicaron que es indispensable informar a la población sobre los detalles de estos proyectos a fin de conocer los impactos.
Las organizaciones ingresaron un oficio ante la Dirección general de impacto y riesgo ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el que solicitaron que se abra un proceso de consulta pública.
Afirmaron que este proyecto de saneamiento, catalogado como prioritario por el gobierno federal, contempla la construcción de colectores para canalizar las descargas de aguas municipales y de industrias en los municipios Atitalaquia, Atotonilco de Tula y Tula de Allende, para que se envíen hacia la planta de tratamiento de la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, de Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante sistemas de bombeo.
No obstante, las organizaciones consideraron que esta solución es "parcial e insuficiente ya que no aborda de manera integral la problemática de contaminación y caudales desbordantes que se generan en la cuenca del Valle de México y en zonas industriales”.
Ni tampoco, acusaron, se plantea una visión integral a nivel subcuenca del río Tula, desde la cuenca alta y media donde nacen todos sus afluentes, ignorando las dinámicas hidrosociales y factores ecohidrológicos, así como las responsabilidades diferenciadas entre los distintos tipos de usuarios del agua y fuentes de descarga.
Pero además, dijeron, no contempla programas de vigilancia, monitoreo o tratamiento desde el origen de la contaminación y excluye una participación significativa activa informada de las comunidades locales en las diferentes etapas de su diseño e implementación, así como perspectivas técnico-científicas de la academia y centros de investigación.
Acusaron que este proyecto contraviene lo que se estableció en el decreto de la zona restauración ecológica, el cual busca sanear con soluciones basadas en la naturaleza, así como capacitar a las comunidades autoridades para la operación y mantenimiento dicha infraestructura.
