El estado de Guanajuato es el único del país que no cuenta con una Ley de Atención a Víctimas, un tema que ya cumplió seis años en el olvido por los legisladores del Congreso y el Gobierno del Estado. Una situación que ha alertado incluso a organismos nacionales, activistas de derechos humanos.
En Guanajuato, 12 mil 814 personas fueron víctimas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su recopilado de Víctimas de incidencia delictiva del fuero común, en el periodo del 2014 al 2017.
Mientras que de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la entidad, de febrero de 2017 a febrero de 2018 ejerció cerca de 230 millones de pesos en el Fondo de Reparación (según un resumen de la implementación de la ley) y son más de 15 mil personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas.
Jerémy Renaux, subdirector de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Coordinador del Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas, dijo que es preocupante que desde 2013 no exista dicha ley.
"Quienes que más retrasos tenían en el proceso de armonización de la Ley General de Víctimas era Ciudad de México, Baja California, y Guanajuato. Pero Ciudad de México aprobó su ley local en diciembre del 2017 y Baja California en diciembre del 2018. El único estado que no tiene ley local y donde no vemos avances ni voluntad política para avanzar en este proceso es en el estado de Guanajuato", comentó.
El pasado nueve de enero del 2013, en el Diario Oficial de la Federación se publicó Ley General de Víctimas. Desde entonces activistas locales y nacionales han hecho exhortos a las autoridades de Guanajuato del Congreso y Gobierno del Estado de la pasada y actual administración, hasta el momento sin respuesta.
"En relación con Guanajuato observamos con mucha preocupación el retraso que han tenido en el proceso de armonización, porque son el único estado del país que todavía no cuenta con la ley local de victimas. En los últimos meses hemos enviado cartas al Congreso Local como al Gobernador con el fin de expresar esta preocupación e invitarles a iniciar con el proceso", agregó Jerémy Renaux.
La Ley General de Víctimas busca reconocer y garantizar los derechos de las personas que han sido víctimas directas o indirectas de un delito o de violaciones a sus derecho humanos.
Existen dentro de esta ley tres tipos de víctimas de acuerdo con el artículo cuatro del documento. La víctima directa que se refiere a las personas físicas que hayan sufrido algún daño económico, físico, mental, emocional o cualquier puesta en peligro o lesión consecuencia de una comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos, por ejemplo, personas desaparecidas, asesinadas, sometidas a tortura, violencia sexual, persecución política entre otros.
La víctima indirecta, son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.
Mientras que las víctimas potencial, son las personas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación a los derechos o la comisión de un delito, por ejemplo las organizaciones sociales que acompañan el caso y reciben amenazas.
Entre los derechos de la víctima se contempla contar con una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables que causaron daño.
Así como el derecho de poder tomar decisiones informadas y escoger las vías de acceso a la justicia o los mecanismos alternativos de justicia, entre otros. El derecho a la verdad, a la participación y a la reparación integral forman parte de esta ley.
Preocupa abandono de víctimas
El retraso en la Ley de Atención a Víctimas y también a la instalación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas preocupa a activistas locales, mientras que en el senado ya se presentó un punto de acuerdo.
"Guanajuato es el único estado que no tiene ley, había dos estados que no tenían ley de víctimas pero Baja California la acaba de aprobar, es decir que en el panorama nacional somos el estado que está incumpliendo las obligaciones legales y lo más importante no hay atención integral a las víctimas. El que no haya una ley desprotege a las víctimas, aunque la Procuraduría atiende las quejas que llegan y podrían eventualmente a reparación integral el estándar de la Procuraduría de Derechos Humanos es muy bajo", opinó Raymundo Sandoval, defensor de Derechos Humanos en Guanajuato.
La Ley de Atención a Víctimas de Guanajuato tendría que reemplazar a la “Ley de atención y apoyo a la víctima y al ofendido del delito en el Estado de Guanajuato”, de 2006. Además de la creación de la Comisión Estatal de Atención. Entre las obligaciones de las autoridades está el crear un fondo, registro y la asesoría jurídica de las víctimas.
Los delitos y violaciones a derechos humanos con mayor número de registros en la CEAV son la desaparición de personas, el homicidio y la privación ilegal de la libertad.
En Guanajuato, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de febrero de 2017 a febrero de 2018, ejerció cerca de 230 millones de pesos en el Fondo de Reparación según un resumen de la implementación de la ley y son más de 15 mil personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas.
Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhortó al congreso del estado de Guanajuato a armonizar la legislación de la entidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Víctimas, en el actual periodo de sesiones ordinarias.
"En aras de que Guanajuato no tiene esta Ley de Víctimas es porque estamos exhortando a que se cumpla. En este caso los derechos de las víctimas son muy importantes. No solamente no hay voluntad política, aquí hay un tema de omisión de negligencia y de ignorancia con el respeto que me merecen pero si no les interesa cumplir con la constitución pues como le vamos a hacer, este no es un tema de antojos, es un tema de obligaciones del estado", dijo.
Hasta el próximo periodo se contemplará el tema en el Congreso del Estado de Guanajuato
A nivel local, será hasta el próximo mes cuando los legisladores contemplen este tema en su agenda política, así lo señaló Jesús Oviedo, diputado local en entrevista con MILENIO.
"Ese es un asunto que nosotros vamos a proponer en nuestra agenda para el próximo periodo. El grupo parlamentario de Acción Nacional está en esa situación de plantear la iniciativa para poder reformar la ley que tenemos y armonizarla", señaló.
Al preguntarle por qué el tema tiene un retraso de seis años señaló que son "situaciones de cada legislatura", pero que le darán seguimiento hasta el siguiente periodo que inicia el 15 de febrero.
"Lo que pasa es que no lo agendamos, lo que nosotros venimos trabajando es el análisis de modificaciones que tenemos que hacer y lo estamos agendando y es lo que vamos a contemplar. Sabemos que hay ahí una situación que se había quedado pero por eso lo estamos tomando en cuenta. El 15 de febrero arrancamos el tema, ese y otros temas", explicó.
El séptimo transitorio de la Ley General de Víctimas establecía un plazo de 180 días naturales para que los Congresos Locales armonizarán todos los ordenamientos locales relacionados con la Ley, mismo que venció el 3 de mayo de 2013.
Uno de miles de casos
En diciembre del año pasado MILENIO, entrevistó a la madre y a la viuda de Víctor Javier Camarena Luna, policía asesinado en el cumplimiento de su deber el 31 de diciembre del 2016, en el municipio de San Francisco del Rincón.
A decir de Kiyoko Santiago Tolentino, viuda, su familia había quedado desamparada pues además de la perdida que tuvo, el proceso para cobrar el seguro de vida y prestaciones con las que contaba su esposo han sido muy desgastante.
En entrevista platicó que la vida de un policía que tenía más de 12 años de servicio tal parece que vale 65 mil pesos, pues, esa cantidad es lo que el municipio ofreció como finiquito.
"La vida es invaluable, pero sí es muy poquito si hablamos en números fríos. La pensión mensual que me dan es de 700 pesos semanales, al mes son 2 mil 800, el seguro de vida sí me lo dieron pero tuve que esperar más de un mes en los trámites, pero el finiquito es algo que sigo esperando. Me dijeron que sería una pensión equivalente a lo del afore y que supuestamente tengo derecho al servicio médico, pero tuve que esperar varios meses, hasta abril recibí la pensión que ni siquiera es la mitad del dinero que él me daba al mes", aseguró en entrevista.
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