La Cámara de Diputados ha dado un paso histórico en la lucha contra la violencia de género al aprobar, por unanimidad, la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra el Feminicidio.
Esta modificación al artículo 73 de la Constitución Política busca terminar con la fragmentación jurídica que, durante años, ha permitido que el delito sea tipificado, sancionado e investigado con criterios dispares en cada una de las 32 entidades federativas del país.
El dictamen, que ha sido respaldado por todas las fuerzas políticas, responde a una demanda persistente de colectivos, organizaciones civiles y familiares de víctimas, quienes han denunciado que la falta de un marco normativo nacional único ha sido uno de los principales motores de la impunidad. La nueva legislación, una vez que culmine su proceso constitucional, obligará a homologar los tipos penales, garantizando que el feminicidio sea investigado bajo estándares de máxima protección en cualquier parte del territorio nacional.
Ahora, la reforma inicia su recorrido por los congresos locales, donde requiere el respaldo de la mayoría absoluta para alcanzar su declaratoria de constitucionalidad.
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El Congreso de Oaxaca no solo emitió un voto histórico de 41 a favor; marcó el inicio del desmantelamiento de la "geografía de la impunidad" en México.
Al ratificar la reforma al artículo 73 constitucional, el legislativo oaxaqueño envió una señal contundente: la protección de la vida de las mujeres no puede quedar a merced de los códigos penales estatales, que históricamente han servido como barreras burocráticas o pretextos para debilitar la persecución del delito.
El consenso alcanzado en Oaxaca, que sumó a grupos parlamentarios tan diversos como Morena, PT, PRI, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, resalta un punto crítico para la futura Ley General: la interoperabilidad entre fiscalías.
Los legisladores coincidieron en que el objetivo no es solo redactar una ley más en papel, sino habilitar un "marco operativo" donde la fiscalía estatal y la federal compartan protocolos, evidencias y criterios, evitando que la ambigüedad jurídica permita a los agresores beneficiarse de la falta de coordinación.
El argumento central de los legisladores fue la urgencia de salvar vidas mediante la eliminación de la "ambigüedad jurídica". Esta reforma, impulsada desde el Ejecutivo federal, busca que el feminicidio deje de ser visto como una atribución local aislada y se convierta en una prioridad de Estado con una narrativa única, contundente y, sobre todo, garantista para todas las mujeres mexicanas, sin importar su lugar de origen o residencia.
