La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se declaró en reunión permanente y aplazó por cuarta vez la discusión de la reforma para acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la expectativa de reiniciar esta misma noche o hasta mañana miércoles.
A petición de los grupos parlamentarios del PAN y del PRI para hacer consultas internas, el presidente de la comisión dictaminadora, Juan Ramiro Robledo, declaró un nuevo receso.
Aunque el coordinador de Morena en el Palacio de San Lázaro, Ignacio Mier, calificó de falso que el proyecto afecte los derechos políticos de los grupos vulnerables, sus correligionarios Salma Luévano y Emmanuel Reyes calificaron la reforma de regresiva en materia de acciones afirmativas y anticiparon que, tal como está, no acompañarán el proyecto.
Previamente, con la consigna de “El INE no se toca y el Tribunal Electoral tampoco”, los diputados de Movimiento Ciudadano se manifestaron en el Palacio de San Lázaro contra el proyecto de reforma impulsado por Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y PVEM para acotar las facultades de los magistrados electorales.
“Con esta iniciativa se subordina el Tribunal Electoral a lo que decidan los dirigentes partidistas y creemos que es una discusión inexplicablemente apresurada en vísperas de un proceso electoral muy complejo, y no es momento de hacer una reforma electoral, porque lesiona la democracia en México”, acusó Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada naranja en el Palacio de San Lázaro.
El dictamen prevé reformas y adiciones a los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución Política, con el fin de limitar las resoluciones del Tribunal Electoral sobre las decisiones internas de los partidos políticos.
Considera por ello “blindar” las normas estatutarias de los partidos, así como las reglas para la designación de dirigentes y el cumplimiento del principio de paridad de género ante eventuales sentencias del TEPJF.
“Los partidos políticos, en ejercicio de su autodeterminación y auto organización, establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados”, señala.
Acota igualmente la competencia del órgano jurisdiccional en materia de acciones afirmativas para grupos vulnerables como mujeres, personas con discapacidad, comunidad LGBT+, indígenas y afromexicanos, entre otros.
“(El Congreso tiene facultad) para establecer de forma exclusiva medidas afirmativas para el acceso de personas pertenecientes a grupos vulnerables al goce y ejercicio de derechos político-electorales, y para el cumplimiento del principio de paridad de género”, señala el dictamen.
JLMR
