La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados desahogará este miércoles cerca de 100 de los 361 expedientes de juicio político que existen —por lo menos— desde hace 13 años, esto luego del apercibimiento que el Poder Judicial de la Federación emitió y la respectiva multa que aplicó por incumplir su trabajo.
Será la tercera reunión de la instancia legislativa en los últimos 10 meses.
En entrevista, la copresidenta de la subcomisión, la priista Mercedes del Carmen Guillén, adelantó que hoy resolverán un primer paquete, cercano a 100 solicitudes, con el fin de analizar su vigencia.
De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, capítulo primero, artículo noveno: “El juicio político solo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones”.
“Estamos hablando de 361; mañana, yo creo, estaremos cercanos a los 100 y citaremos mañana mismo a la siguiente reunión para que tenga una continuidad; ya hay un avance importante en el estudio de los mismos y seguramente esperaremos que algunos compañeros se reserven casos para estudiar más a fondo el contenido de los expedientes”, señaló.
En cuanto a la multa de siete mil 549 pesos emitida por el juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, e impuesta a la subcomisión por incumplir su obligación de resolver las demandas de juicio político pendientes, Guillén aseguró que ya fue pagada por los 14 legisladores que integran la instancia.
Al respecto, el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que dicha instancia legislativa, que copresiden dos priistas, empezó a desahogar 361 expedientes que estuvieron archivados más de cuatro legislaturas.
Por ello, confió en que la subcomisión “se pondrá al día” y dictamine dichas solicitudes de juicio político antes de que concluya este periodo, el próximo 30 de abril.
En cuanto a la sanción impuesta, Ramírez Marín subrayó: “Yo creo que los jueces y magistrados, con bastante desconocimiento, imponen este tipo de multas, porque simplemente juzgan no el fondo, sino la forma del caso. Pero qué bueno que la aceptamos, porque recurrirla hubiera dejado a la Cámara como si tuviera temor de hacer que se cumpla la ley, y no, la ley se está cumpliendo”.
