Mediante la Asociación Público Privada (APP), el Gobierno de Coahuila buscará concesionar la construcción de varios periféricos y obra carretera para la modernización que requiere la entidad en la materia, informó el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Gerardo Berlanga Gotés.
Lo anterior, dijo el funcionario, para hacer frente a los recortes presupuestales en infraestructura carretera que se vieron reflejados en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, y que deja a la deriva diversos proyectos contemplados para la entidad.
El funcionario estatal destacó que, para ser concesionadas, se abrirá una licitación en el primer trimestre de 2020, donde participarán las empresas interesadas y en el que un porcentaje de los cobros que se den serán para el estado.
Detalló que el costo total de los periféricos rondaría los 3 mil millones de pesos que es de lo que se harían cargo la iniciativa privada interesada. Explicó que estas serían en el tramo que abarca los municipios de Allende a Zaragoza, para tener acceso al puerto de Acuña que hasta el momento es muy poco utilizado y su aforo es muy bajo.
Cabe mencionar que para que ello sea posible, el gobernador Miguel Ángel Riquelme envió al Congreso local una iniciativa para actualizar el marco normativo en la entidad para regular los esquemas de asociaciones público privadas, pues la actual Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado, donde están contempladas esas asociaciones, no establece disposiciones financieras de ordenamientos federales actuales.
Con esta ley, la iniciativa privada asume los riesgos técnicos y de desempeño al ser encargada de ejecutar el proyecto, y por lo tanto será su responsabilidad conseguir la tecnología respectiva para la puntual prestación del servicio o construcción de la obra.
También incluye llevar a cabo los mantenimientos que correspondan mientras conserva el medio ambiente, disponer de los materiales que correspondan para la adecuada consecución del proyecto, entre otros. Adicionalmente, el particular asume el riesgo financiero, ya que contrata la deuda necesaria para la prestación del servicio o construcción de la obra.
Esta iniciativa incluye un órgano colegiado de análisis y autorización de proyectos, a través de un Comité de Proyectos a nivel estatal y órganos equivalentes a nivel municipal, con el fin de que las entidades municipales puedan implementar proyectos de asociaciones público privadas, siempre que se apeguen a la normativa aplicable.