La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó formalmente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerza su facultad de atracción para conocer el amparo que le ordenó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), ya que dicha sentencia puede poner en peligro las investigaciones realizadas durante los últimos siete años en el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con registros judiciales, el organismo inició el trámite ante el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Tamaulipas, el cual quedó registrado a través de un acuerdo emitido el 2 de marzo.
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Asimismo, en la lista de acuerdos se da cuenta que hace unas semanas un particular también pidió a la Corte atraer el asunto.
Sin embargo, el 3 de febrero, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, desechó la petición del particular por carecer de interés legítimo, además de que ningún ministro quiso hacer suya la solicitud.
“En virtud de que se puso a consideración de las personas ministras de este Tribunal la presente solicitud formulada para conocer del procedimiento de cumplimiento de la protección constitucional otorgada… y ninguna de las referidas personas personas ministras de esta Suprema Corte manifestó su intención de hacer suya la respectiva solicitud; ante la falta de legitimación de la promovente para solicitar a esta Suprema Corte conocer un determinado asunto… se desecha la presente solicitud”, menciona el acuerdo de Hugo Aguilar.
Petición de la CNDH
Por lo que hace al acuerdo emitido ayer, se menciona que el Tribunal Colegiado recibió el oficio firmado por Cecilia Velasco Aguirre, coordinadora General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, en la Ciudad de México.
El Tribunal menciona que la CNDH le informó la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento de la protección constitucional otorgada en este asunto.
“Además solicita la facultad de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable al Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, que conoce del cumplimiento del fallo protector”, detalla el acuerdo.
Durante el 23 de febrero, la CNDH dio a conocer que solicitaría a la Corte atraer el amparo que le ordenó crear la comisión del Caso Iguala.
Señaló que en diciembre recibió una notificación del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Tamaulipas, a través del cual, le ordenó dar cumplimiento a la resolución dictada hace ocho años y que ordenó crear la citada comisión y no permitir que peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) participen en las investigaciones.
Ante esta situación, señaló que era necesaria la intervención del máximo tribunal de justicia, por tratarse de un asunto de interés nacional.
Recordó que el 3 de diciembre de 2018 el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa).
Además de que el 26 de junio de 2019 fue creada la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la FGR, para investigar los hechos, perseguir los delitos y concluir los procesos penales vinculados con la desaparición de los normalistas.
Destacó que la CNDH, presidida por Luis Raúl González Pérez, llevó a cabo una investigación formal y autónoma sobre los hechos, la cual concluyó, en noviembre de 2018, con la emisión de la Recomendación 15VG/2018, que actualmente se encuentra en etapa de seguimiento.
Es de mencionar que, en mayo de 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito amparó a presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, señalados del secuestro y desaparición de los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Por unanimidad, se ordenó reponer el procedimiento porque había indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura.
También se estableció que no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial la pesquisa de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
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