Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) el que el Gobierno de Nuevo León no haya asignado aún 317 millones de pesos a Organizaciones de la Sociedad Civil (ONGs) vulnera los derechos y servicios que ofrecen a la comunidad en general a través de los diferentes temas.
De acuerdo con Olga Susana Méndez Arellano, titular de la CEDH, la falta de estos recursos propicia que las organizaciones reduzcan el número de personas que colaboran en las mismas, y por ende, que el número de servicios y beneficiarios se vea impactado.
"Incluso estas organizaciones trabajamos en conjunto, sabemos de algunas problemáticas que presentan, algunas incluso han tenido que reducir el personal, Y si reducen personal, pues van a atender a menos personas, algunas proporcionan incluso el pago de la reparación del daño para que las personas puedan reinsertarse a la sociedad, otras promueven precisamente la reinserción social a través de actividades de estudio y de trabajo, claro que se requieren otro tipo de cuestiones como el tratamiento psiquiátrico, control de adicciones, es de suma importancia.
"La Comisión Estatal recientemente manifestó su preocupación por la omisión en la entrega de los recursos porque esto es otro aspecto que puede vulnerar los Derechos Humanos de las personas al no contar con estas organizaciones de la sociedad civil, que apoyan, como les decía, a la promoción de los Derechos Humanos", dijo.
Por su parte, Ariadna Molina Ambriz, coordinadora de recomendaciones de la CEDH, sostuvo que el Gobierno Estatal en sí viola propiamente el derecho de las organizaciones no gubernamentales al no asignarles presupuesto o reducirles el mismo.
"En la medida en que el Estado, de la forma que sea ,no importa cuál, si el estado de alguna u otra forma disminuye ese presupuesto, en este caso a través de las organizaciones de la sociedad civil, disminuye presupuesto para poder garantizar los derechos, automáticamente está violando el derecho en sí mismo", concluyó.
Cabe recordar que hace unos días diversas organizaciones de la sociedad civil reclamaron que el Gobierno del Estado les adeudaba cerca de 317 millones de pesos.
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