La Ciudad de México dio un paso inédito en materia de derechos humanos y contratación pública al aprobar una reforma que impide a dependencias y entidades del gobierno capitalino contratar a empresas o personas sancionadas por actos de discriminación, una medida que busca garantizar que los recursos públicos se ejerzan bajo principios de igualdad y dignidad.
La modificación al Artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, aprobada por el Congreso de la Ciudad de México, fue impulsada por la diputada Jannete Guerrero Maya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quién contó con el acompañamiento técnico del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) desde su presentación.
“Es una reforma que estuvo impulsando la diputada Jannete Guerrero, ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México y la hemos acompañado desde su presentación, porque para nosotros es muy importante primero que las empresas sepan que en la Ciudad de México hay cero tolerancias hacia la discriminación”, señaló Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta del Copred en entrevista para Milenio.
La reforma establece que el gobierno capitalino no podrá celebrar contratos de adquisiciones ni de servicios con empresas que hayan sido señaladas por discriminación mediante resoluciones firmes, ya sea en procesos jurisdiccionales o administrativos.
“El gobierno de la Ciudad de México no va a realizar contratos de adquisiciones o de servicios con empresas que hayan sido ya efectivamente señaladas de discriminación, ya sea en un proceso jurisdiccional o en un proceso administrativo, como lo es el proceso ante el Copred”, explicó la titular del organismo.
Discriminación laboral, el principal foco rojo
La aprobación de la reforma se da en un contexto en el que la discriminación en el ámbito privado, particularmente en el laboral, continúa siendo el principal motivo de denuncia ante el Copred.
“Una enorme preocupación del Copred tiene que ver con la discriminación en el ámbito privado y particularmente en el ámbito laboral, pues es lo que más recibimos de denuncia, cerca del 70 por ciento de la carga de expedientes que se abren en el Consejo de manera histórica”, afirmó González de la Vega.
De acuerdo con la presidenta del Copred, esta tendencia no es reciente. “No solamente durante 2024 o 2025, de manera histórica, desde que estoy yo en el Consejo desde 2019 ha sido de esta forma”, puntualizó.
En cuanto a los principales motivos de discriminación laboral, la funcionaria detalló que se trata de patrones que se repiten año con año.
“Los motivos principales de la discriminación en el ámbito laboral se turnan año con año, pero son tres los que siempre están en los primeros lugares: discriminación por embarazo, discapacidad y la identidad u orientación sexual de las personas”, explicó.
A estos se suman otros factores estructurales. “El género ocupa siempre el cuarto lugar y también la condición de salud es otro de los motivos principales”, agregó.
Evidencia para sustentar la reforma
La presidenta del Copred confirmó que los datos y estudios del Consejo fueron clave para que la reforma avanzará en el Congreso local.
“Todos estos datos fueron acercados a la diputada, a su equipo y a la Comisión para la dictaminación, estuvimos acompañando cualquier duda que sobreviniera, porque querían que quedara una reforma muy clara y muy bien hecha”, explicó.
Una vez que la reforma entre en vigor, el Copred tendrá un papel activo en su aplicación. “Las empresas tendrán que acreditar no ser sujetas de alguna determinación por parte del Consejo, entonces las empresas que quieran contratar conforme a la Ley de Adquisiciones pueden acercarse al Copred y solicitarnos un dictamen”, indicó.
Además, el organismo deberá informar a las autoridades responsables sobre las empresas que cuenten con resoluciones firmes.
“Nosotros estaríamos obligados a enviar la información sobre cuáles son las empresas que cuentan con una opinión jurídica en los últimos tres años para que se active esta prohibición”, detalló.
Pocas empresas, pero un mensaje contundente
La presidenta del Copred subrayó que el número de empresas que podrían verse impedidas de contratar con el gobierno es reducido, y que el objetivo principal de la reforma es preventivo.
“Son muy poquitas, en realidad no es una reforma que vaya a afectar un golpe tremendo en contra de las empresas, más bien es una advertencia para que se prevenga la discriminación dentro de las empresas”, sostuvo.
El Consejo emite pocas resoluciones de este tipo cada año. “El número de opiniones jurídicas que emite el Consejo no pasa de 10 o 12 al año”, precisando que pueden ser consultadas en su sitio web.
No obstante, aclaró que no todas las resoluciones están firmes. “Muchas de estas opiniones son impugnadas por vía de recursos o juicios, y las que ya están firmes son las que activarían esta prohibición”, explicó.
Hacia un modelo integral de contratación responsable
Si bien calificó la reforma como un avance importante, González de la Vega consideró que aún hay pendientes para consolidar un modelo integral de contratación pública incluyente.
“Yo creo que tendríamos que reforzar los contratos, me parece que se ha avanzado mucho en la administración pública con protocolos de acoso, hostigamiento y discriminación, pero también tendríamos que advertir a los proveedores que están obligados a respetar los derechos humanos”, señaló.
En su opinión, esta obligación debería quedar explícita. “Dentro de los propios contratos tendríamos que advertir a los proveedores del gobierno que están obligados a respetar los derechos de las personas con las que tienen contacto, de sus empleados y de sus clientes”, concluyó.
JCC
