La delegación para México de la Unión Europea, Noruega y Suiza condenó el asesinato del sacerdote y defensor de derechos humanos, Marcelo Pérez Pérez en Chiapas este 20 de octubre, y aseguró que se trata de un ejemplo de la violencia que se ejerce contra activistas en el país.
En un comunicado expresaron sus condolencias y solidaridad para la familia, amigos de la víctima y la Diócesis de Chiapas a la que pertenecía. Además, se reconoció que la fiscalía de Chiapas ya abrió una investigación por el asesinato del padre, quien contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La muerte del padre Marcelo Pérez muestra el grado de violencia e intimidación que enfrentan muchos defensores de los derechos humanos en México y que constituye una amenaza contra los mismos. Instamos a todas las autoridades competentes a generar entornos favorables y protección para que las personas defensoras en México puedan ejercer sus actividades libremente, sin poner en riesgo sus vidas y sin amenazas, para evitar que haya zonas de silencio donde ninguna persona defensora o periodista se atreva a trabajar”, expresó la delegación en un comunicado.
⚠️ Declaración local de la Unión Europea, Noruega y Suiza, sobre el asesinato del sacerdote y defensor indígena Marcelo Pérez Pérez
— Unión Europea en México ???????????????? (@UEenMexico) October 22, 2024
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Reconocieron que hay esfuerzos para esclarecer otros asesinatos y prevenirlos, sin embargo, hicieron énfasis en que persiste un alto nivel de impunidad en casos que involucran a activistas y periodistas, por lo que llamaron a que se identifique y juzgue a los responsables.
“Animamos a las autoridades mexicanas a seguir avanzando en la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos a través de las herramientas existentes como el Mecanismo de Protección, y a mantener el fructífero diálogo con la sociedad civil a través del grupo de trabajo creado para su mejora”, se añadió en el documento.
Finalmente, se reiteró la disponibilidad para apoyar a México para proteger derechos humanos y la seguridad de activistas y periodistas, así como para fortalecer servicios de procuración e impartición de justicia.
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