El general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, llegó por su propio pie a Estados Unidos: el pasado 11 de mayo cruzó la garita migratoria de Nogales, Sonora, hacia Arizona, donde un día después fue presentado ante la corte federal y se determinó que el Servicio de Marshals lo trasladara a Nueva York.
Aunque aún no se definen las circunstancias de su arresto, Mérida Sánchez, de 66 años, empezó formalmente la negociación con los fiscales estadunidenses para entregar información a cambio de evitar un juicio.
En el mismo caso está el secretario de Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya, Enrique Díaz Vega, quien, según reportes, había huido a Europa después de la acusación en su contra, y luego viajó a Nueva York en busca también de un acuerdo.
El pasado 29 de abril, ambos fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos, junto con el ahora gobernador con licencia de Sinaloa y otros siete funcionarios y exfuncionarios, por operar con la célula criminal de Los Chapitos, perteneciente al cártel de Sinaloa.
En México, el Gabinete de Seguridad confirmó en redes sociales que el exsecretario de Seguridad ingresó a EU desde Hermosillo el pasado11 de mayo y cruzó por la garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del Servicio de Marshals.
Sin embargo, el general en retiro no cruzó a ese país para enfrentar un juicio, sino para contar lo que sabe, y ya dio el primer paso, pues el primero de junio, en su próxima audiencia, se revisará si la cooperación ha comenzado a rendir frutos.
El arranque de esta etapa también permite a los fiscales y autoridades estadunidenses comenzar formalmente con el acusado la negociación de posibles acuerdos a cambio de que una declaración de culpabilidad y, sobre todo, de que aporte elementos que permitan procesar a otras personas de mayor nivel criminal.
En la audiencia que tuvo lugar en el edificio donde hace unas semanas fue presentado el expresidente venezolano Nicolás Maduro, la jueza federal Sarah Netburn dio por bueno el cumplimiento de la orden de arresto girada contra el exfuncionario mexicano y ordenó su reclusión preventiva en la misma cárcel de Brooklyn donde duerme Ismael El Mayo Zambada.
Tras conocer que se le responsabiliza de tres cargos federales, entre ellos conspirar para introducir drogas a suelo estadunidense, que puede alcanzar una pena de por vida, Mérida Sánchez se dijo no culpable. Se trata de una declaración que es, en términos técnicos, un requisito para que el caso entre en la fase previa al juicio.
En esta etapa, y como lo ordenó la jueza Netburn en una orden firmada ayer, los fiscales del Departamento de Justicia están obligados a entregar al acusado a la máxima brevedad posible todo el paquete de evidencia en su contra y con el cual pretenden demostrar su culpabilidad.
De acuerdo con el pliego de la acusación (conocido en inglés como indictment), el general Mérida Sánchez, al igual que otros ocho acusados, actuó con el consentimiento de Rocha Moya para proteger a Los Chapitos. A cambio de su apoyo en el periodo que fungió como secretario de Seguridad (2023-2024), se señala en el documento, recibió hasta 100 mil dólares.
Al menos durante esta comparecencia inicial, el militar en retiro fue representado por un abogado de oficio designado por la corte federal. No obstante, si así lo desea podrá hacerse de los servicios de un representante legal privado.
La primera audiencia de revisión del proceso quedó programada para el primero de junio ante la jueza Katherine Polk Failla, que será la responsable de todo el caso.
Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad desde septiembre de 2023 hasta su renuncia en diciembre de 2024 y era responsable de supervisar a la Policía Estatal y de nombrar a su director.
Tan sólo en 2023, según la acusación de la Fiscalía estadunidense, el general en retiro advirtió a Los Chapitos sobre al menos 10 redadas próximas en laboratorios y casas de seguridad donde se almacenaban drogas, armas y dinero, lo que les permitió retirar personal y pruebas de actividad delictiva antes de que ocurrieran.
Tras anunciarse la acusación formal, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que o defendería a nadie de comprobarse que cometió un delito, pero sostuvo que si las autoridades encontraban pruebas “irrefutables” que vincularan a los señalados con delitos del cártel, deberían ser juzgados en México.
Prisión abarrotada
La jueza Sarah Netburn autorizó que Mérida Sánchez permanezca en prisión preventiva en el centro de detenciones metropolitano MDC Brooklyn, el cual enfrenta dificultades operativas debido a su nivel de ocupación superior a cien por ciento.
De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, Díaz Vega también ahí se encuentra detenido, junto con numerosos procesados de casos de alto nivel como los narcotraficantes El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, además de Servando Gómez Martínez , La Tuta; Naason Joaquín García y Nicolás Maduro.
En caso de que los fiscales determinen que la colaboración del exsecretario de Seguridad sinaloense lo pone en riesgo, podría ser reubicado en otro centro penitenciario o incluso en casas de seguridad, como ya ocurre, por ejemplo, con Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, otrora líder del cártel de Sinaloa.
La antesala de la crisis
Poco antes de que Ismael El Mayo Zambada presuntamente fue llevado contra su voluntad a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, el 25 de julio de 2024, ya existían señales de que algo no andaba bien en el cártel de Sinaloa.
La crisis no comenzó con aquel episodio que detonó el terremoto criminal que hoy mantiene a la entidad atrapada en una disputa interna que ya supera los 600 días. Antes hubo un hecho extraordinario: la privación masiva de la libertad de decenas de personas en Culiacán.
El episodio clave sucedió el 22 de marzo de 2024, cuando familias completas, incluidos menores, fueron sacadas de sus casas en comunidades como La Noria, Imala y sectores vinculados a Sanalona, a 24 km de Culiacán.
La cifra oficial terminó escalando a 66 personas reportadas como ausentes o privadas de la libertad.
En ese momento, Mérida Sánchez era secretario de Seguridad estatal, un general en retiro que terminó convirtiéndose en la cara visible de aquella crisis, asumiendo el papel de vocero técnico y operativo.
MILENIO documentó en aquel entonces la ruta de las desapariciones y constató que no ninguna cámara funcionaba en la zona donde ocurrieron los levantones. Con el paso del tiempo, aquel episodio se convirtió en uno de los hechos que anticiparon un contexto de tensión en el cártel de Sinaloa.
Meses después, la situación de violencia en Sinaloa escaló tras la captura y traslado de El Mayo Zambada a Estados Unidos, hecho que derivó en una confrontación más visible entre grupos criminales antagónicos.
Con información de: M. Aceves y AFP
