La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno informó que 82 servidores públicos, una persona particular y una empresa fueron sancionados por irregularidades en procesos administrativos, daños al erario, abuso de funciones y documentos falsos, con multas por 175 millones de pesos e inhabilitaciones por 10 años en el sector público.
Las investigaciones alcanzaron a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Guardia Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Bienestar.
La sanción económica más elevada fue impuesta a Caleb B, funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Morelos, quien recibió una multa por 119 millones de pesos y una inhabilitación por 10 años por omitir la defensa legal de cuatro demandas administrativas entre 2019 y 2020 lo que provocó condenas de pago contra la empresa eléctrica.
Otro caso ocurrió en la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo, donde dos servidores públicos fueron inhabilitados por 10 años y recibieron sanciones económicas por 33 mdp pesos cada uno por autorizar pagos injustificados relacionados con la renta de una parcela.
Sanciones en dependencias federales
En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), nueve funcionarios del SuperISSSTE recibieron inhabilitaciones por 10 años y una sanción económica compartida de 18 millones de pesos por autorizar y pagar facturas a dos empresas sin contar con la autorización pertinente.
Por otra parte, 17 integrantes de la Guardia Nacional fueron destituidos por presentar certificados de estudios inválidos para obtener permisos de portación de armas de fuego y, en uno de los casos, conservar su empleo.
Otro elemento de la corporación adscrito en Michoacán fue inhabilitado por un año por elaborar un informe policial que contradecía las videograbaciones de una investigación criminal, lo que provocó la liberación de un presunto delincuente.
Las sanciones también alcanzaron a un trabajador de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que fue inhabilitado por 10 años por realizar tocamientos y comentarios de índole sexual a un menor de edad.
Pemex impuso una sanción de 853 mil pesos a una trabajadora por no dar de baja el registro de un vehículo que vendió y continuar cobrando la prestación de pago de gasolina de 2018 a 2024, por un monto equivalente al de la sanción.
En el IMSS, una funcionaria fue sancionada por alterar los registros para aumentar indebidamente los periodos de cotización de derechohabientes.
La dependencia precisó que las faltas graves fueron sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras que las no graves fueron atendidas por los órganos internos de control.
AI