La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) se comprometió con 10 grupos productores de café a comprarles 70 toneladas de este insumo para proveer durante 2026 y 2027 al menos a 66 dependencias y entidades del gobierno federal, entre las que destacan la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que son los consumidores más grandes.
En un acto público celebrado en la sede de la SABG, se anunció la puesta en marcha de un Acuerdo Marco con Organismos del Sector Social para la compra consolidada del café como parte del nuevo esquema de compras sostenibles establecido en la nueva Ley de Adquisiciones, que además garantiza pagos en tiempos reducidos, menores a los 18 días.
La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, explicó que la intención de hacer proveedores del gobierno federal a organizaciones sociales es que éstas se fortalezcan, que las comunidades encuentren nuevas oportunidades de desarrollo y que las mujeres y hombres productores reciban un pago justo por su trabajo y sus familias puedan mejorar sus condiciones de vida.
“Se trata de desarrollar al fabricante primero, mejorar las condiciones de los productores y que esta participación y esta venta también les ayude a tener mayores ingresos y perfeccionando y comercializando a mayor volumen y de mejor calidad, que les permita seguir manteniéndolos en el mercado, pero con mejores precios; de esta manera, el poder de la compra pública genera un valor social y eso es de lo que se tratan las compras sostenibles”, dijo.
La secretaria explicó que parte de los beneficios que tendrán los pequeños productores es, además de la compra asegurada, los pagos en tiempos recortados a diferencia de los plazos que se dan a empresas de mayor tamaño.
“Los nuevos cambios en la ley para compras sostenibles permiten no sólo que tengamos pagos justos para que también generemos valor social, sino también pagos oportunos. Hay pagos de tiempo recortados. Como estamos hablando de familias y no de empresas, pues no hay un capital, digamos, acumulado de trabajo que permita sostener por mucho tiempo a las familias. Entonces, tiene que haber un compromiso por los administradores para ser ágiles los pagos. Los pagos son a tiempo recortado, son 18 días máximo, pero podemos pagar mucho más rápido”, dijo la funcionaria.
Por eso, en el acto estaban presentes los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas y de los Órganos Internos de Control (OIC) para que vigilen que los pagos se hagan de manera ágil.
“El compromiso de todos los que estamos aquí presentes es hacer eficaz este Acuerdo Marco. ¿Cómo? Los administradores tienen que recurrir a este Acuerdo Marco, promoverlo, sostenerlo. Los Órganos Internos de Control tienen que buscar que esto se haga de la mejor manera”, instruyó.
Buenrostro pidió a los titulares de los OIC vigilar el cumplimiento, pues dijo que “la gente está confiando en nosotros, las cooperativas están confiando en que pueden participar en las compras públicas, es nuestra responsabilidad pagarles oportunamente para que vean que pueden hacer negocio y se vea retroalimentado el compromiso”.
El acuerdo tuvo la asesoría de organismos nacionales e internacionales y se trabajó durante meses con las organizaciones sociales de productores.
El subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas, destacó que este acuerdo permite al gobierno ya no contratar a “empresas intermediarias o de servicios integrales, que a decir verdad, a veces los precios que ofertan no necesariamente son a base de la competitividad, sino de precarizar el salario de sus trabajadores, de evadir obligaciones fiscales, de reducir la calidad de los productos, de mezclar el café con chícharo, o en el caso del café también, acaparar la producción y otorgarle a los productores solo el 10 por ciento del valor de la cadena de producción”.
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