Ante la tardanza de más de nueve meses y falta de terrenos adecuados para reubicar a las dos mil 866 familias que perdieron sus hogares por las lluvias de octubre del año pasado, la Federación entregará de forma directa recursos por monto cercano a los 500 mil pesos para que estas personas edifiquen una nueva vivienda en terrenos propios, dos mil 390 de ellas, es decir un recurso público necesario de mil 195 millones de pesos.
Se blindarán los recursos legalmente
Con la finalidad de proteger este gasto del gobierno federal, apuntó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Julio Valera Piedras, desde la dependencia federal blindarán el uso de estos recursos a través de la Ley, y documentos puntuales donde las personas beneficiarias se comprometen a no regresar a las comunidades declaradas como inhabitables, en caso de que no lo hagan tendrán que desistir del apoyo federal.
El funcionario federal reconoció la dificultad de la Federación y del Ejecutivo local para garantizar terrenos donde pudieran relocalizar, reubicar, a las dos mil 866 familias damnificadas, pues de ellas sólo 476 acreditaron tener terrenos propios donde la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) tendrá la responsabilidad de edificar sus nuevos hogares una vez que validen la propiedad y viabilidad del terreno.
Por otro lado, ante esta omisión del gobierno federal y estatal de garantizar un predio adecuado para los dos mil 390 restantes, reconoció Valera Piedras, la Federación determinó entregar los apoyos de forma directa por monto superior a los 500 mil pesos, aunque no es una cifra final, para todas aquellas personas que sufrieron daño patrimonial por las lluvias de octubre del año pasado.
“Esta posibilidad de apoyos directos para quienes tuvieron daño patrimonial tiene la intención de restituir el daño con la garantía de que no vuelvan a permanecer en las zonas afectadas. La parte de garantizar esta situación, así como el uso de los recursos públicos, se remite a la Ley, tanto gobierno estatal y federal serán encargados de vigilar porque así lo marca la Ley; la intención es que en las zonas afectadas no vuelvan a ser ocupadas, los mecanismos en cada una de las asambleas que vamos a realizar se darán a conocer, habremos de explicar el proceso normativo que tendrán todos los beneficiarios, básicamente deben firmar uno de dos documentos: el primero tiene que ver con una carta de aceptación del apoyo con la obligación de garantizar la no permanencia en sus comunidades declaradas inhabitables, no quedarse en el lugar donde se encuentran; el otro es una carta de desistimiento, donde rechaza el apoyo y no quiere aceptar la Ley General de Asentamientos Humanos así como la norma estatal y municipal en materia de Protección Civil (PC)”, sentenció.
