La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, exigió que el gobierno de Guerrero asuma su responsabilidad por la violencia y los decesos en el interior del Centro de Reinserción Social "Las Cruces", localizado en Acapulco, pues conocía las condiciones que prevalecen en sus cárceles.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, las cárceles de Guerrero presentan, junto con las de Nayarit, las mayores deficiencias en el país. El estudio, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indica que el puntaje medio de los penales de la entidad empeoró, pues pasó de 4.99 a 4.39 (en una escala de 10) entre 2015 y 2016.
La legisladora agregó que las cárceles guerrerenses con peores calificaciones en 2016 fueron: Chilpancingo, con 3.91; Taxco, con 4.39; Iguala, con 4.48, y Acapulco, con 4.76.
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Entre las problemáticas identificadas se encuentran el autogobierno o el cogobierno, la falta de prevención y atención de incidentes violentos, la sobrepoblación, el hacinamiento y la separación entre procesados y sentenciados.
"El gobierno de Héctor Astudillo ha hecho oídos sordos a los señalamientos de la CNDH respecto a la bomba de tiempo que representan los centros de privación de libertad en su estado; lo ocurrido en Acapulco lamentablemente es sólo una muestra de ello. Por lo tanto, lo instamos a apresurar las investigaciones que determinen responsabilidades penales por los hechos violentos en el centro de reinserción social "Las Cruces" y a corregir de inmediato las deplorables condiciones en las cárceles de Guerrero", exhortó de la Peña.
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La senadora consideró urgente que la CNDH inicie una investigación sobre los hechos violentos ocurridos al interior de la cárcel de Acapulco, cuyo saldo fue de 28 personas muertas.
Resaltó que es indispensable la presencia del personal de la CNDH para garantizar la integridad de los internos y para determinar las causas y las responsabilidades de la riña, "se trata de un enfrentamiento entre bandas rivales, donde se emplearon armas punzocortantes, y que, por lo tanto, habla de autogobierno, corrupción y complicidad de los custodios y autoridades", añadió.
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Además, comentó que el informe de seguimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 5/2016 apunta que durante las visitas realizadas en marzo de 2016 se confirmó que persistían 129 situaciones considerados factores de riesgo en materia de tortura o maltrato en 25 lugares de detención e internamiento dependientes del gobierno de Guerrero y la fiscalía estatal.
SBG
