La administración pasada de Tlalnepantla ha quedado expuesta ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades financieras que ascienden a 380 millones 126 mil 407 pesos, producto de un manejo de los recursos públicos que legalmente los exfuncionarios se verán obligados a solventar o, en su caso, resarcir.
¿Qué es lo que sabemos?
Los informes de fiscalización detallan un patrón de irregularidades en el uso del gasto federalizado, destacando la Auditoría de Cumplimiento Forense 907-2023. De acuerdo con estas cifras, la administración que encabezó el ex alcalde Marco Antonio Rodríguez dejó comprometidos los fondos destinados a la infraestructura y seguridad de Tlalnepantla.
Además de esto, los datos indican que la hacienda municipal también se vio afectada en el ejercicio 2024, donde se detectó el desvío o falta de comprobación de 199 millones 24 mil 344 pesos y 78 centavos en lo referente a participaciones federales, lo que generó de inmediato cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
— Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) March 26, 2026
Los problemas de la pasada administración no son solo del ámbito financiero, sino también legal, con expedientes como el TLA/OIC/SI/008/2025 abiertos para castigar las omisiones de servidores públicos que operaron bajo el mando del ex edil y que ahora serían susceptibles de sanción por irregularidades en fondos clave como el Ramo 28 y el Fortamun.
Desde mediados del año pasado, el actual alcalde Raciel Pérez Cruz había expuesto que durante la Administración 2022-2024 “se cometieron diversos actos de corrupción y un manejo irresponsable de los recursos que favoreció a personas servidoras públicas, lo que generó un desfalco y una grave crisis financiera (…) saquearon al gobierno de Tlalnepantla”.
En aquel momento, en conferencia de prensa, el presidente municipal aseguró que se habían presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades y órganos encargados de realizar las investigaciones pertinentes por otras inconsistencias en la aplicación de programas para jóvenes, en el ámbito deportivo municipal y hasta en temas de agua potable, entre otros, “que generaron un grave impacto al patrimonio de las y los habitantes”.
HCG