El informe del resultado de la fiscalización superior a la cuenta pública 2024 dejó mal parados a Poderes, universidades y organismos públicos de Nuevo León, con observaciones que en conjunto casi superan los dos mil 500 millones de pesos.
Al darse a conocer ayer, en la página en línea de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dichos resultados, quedaron en evidencia los montos pendientes por aclarar y las anomalías detectadas.
El Gobierno del Estado, en el rubro de participaciones federales a entidades federativas, sacó la peor parte: tiene pendientes por aclarar mil 987 millones 288 mil 230 pesos, lo que derivó en dos solicitudes de aclaración, cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones.
De esta cantidad, la ASF estimó que casi 394 millones de pesos representan un probable daño a la hacienda pública.
Otro ente que fue observado en la cuenta pública 2024 es la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene un monto pendiente de aclaración por 581 millones 816 mil 784 pesos.
De las ocho observaciones que le fueron realizadas a la Máxima Casa de Estudios, tres se solventaron y derivaron en una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y dos pliegos de observaciones.
El rubro más relevante que le fue señalado ronda los 560 millones y medio de pesos, debido a que la UANL no acreditó que los recursos transferidos a tres cuentas bancarias por concepto de aportación al fondo de pensiones y jubilaciones del personal activo y jubilado de la Universidad y del Hospital Universitario fueran efectivamente pagados a estos beneficiarios.
Por otra parte, al Congreso de Nuevo León se le determinaron cuatro millones y medio de pesos por aclarar, al exhibirse por parte del ente fiscalizador algunas situaciones anómalas.
Entre ellas se destaca que una persona que fungió como tesorero no presentó su carta de no antecedentes penales y por tal motivo se cuestiona un pago de 2.6 millones de pesos.
También se observó la relación de parentesco en cinco casos. Se trata de hermanos que trabajaban en las bancadas del PAN, PRI y el Centro de Estudios Legislativos, según consta en el documento publicado por la ASF.
Finalmente, en el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, al Gobierno estatal le reclaman un monto por aclarar de nueve millones 217 mil pesos.
Esto se deriva de un contrato por la adquisición de artículos como uniformes, bastones policiales y fornituras, bienes que fueron pagados con los recursos del fondo citado, y que a la fecha de la auditoría quedaron pendientes de acreditar que corresponden con los adquiridos por medio del contrato, que se entregaron a los beneficiarios finales y se encontraron en operación, o en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación.
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