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Jueves , 25.04.2019 / 03:25 Hoy

ASF detecta anomalías por 6 mil 879 mdp en contrataciones

La Auditoría detecto que se contrataron empresas para proyectos de desarrollo social, agrario o territorial, pero no existe evidencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos.


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La Auditoría Superior de la Federación observó posibles daños al erario público por 6 mil 879 millones de pesos por el presunto desvío de recursos públicos a través de las contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas, al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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Lo anterior, luego de realizar auditorías forenses en donde se constató que tanto, universidades públicas, empresas paraestatales y en ocasiones la propia federación participaron en estos esquemas.

En el Informe General de la Cuenta Pública 2016, la ASF precisó que los servicios supuestamente contratados se refieren a consultorías, asesorías, y servicios relacionados; realización de estudios técnicos y ejecución de tareas de supervisión.

Detalla que los servicios relacionados con las contrataciones versan, principalmente sobre desarrollo social, agrario o territorial.

“Se ha constatado, como parte de la fiscalización efectuada, que en este tipo de esquemas participaban, sobre todo, universidades públicas como proveedoras de bienes y servicios. No obstante, en revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016, se ha podido identificar la participación de otro tipo de entes públicos como proveedores en estos mecanismos, los cuales están constituidos como empresas paraestatales de entidades federativas (Radio y Televisión de Hidalgo, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Televisora de Hermosillo, entre otros), y por otras empresas u órganos del gobierno federal (INCA Rural).

Detalla que las auditorías forenses realizadas han documentado la existencia de patrones en este tipo de adquisiciones que implican la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de subcontratación se emplee para dispersar los recursos entre varios entes.

La ASF detalló que en numerosos casos, se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recurso más allá de las observaciones y acciones que se derivan de la labor de fiscalización, este tipo de prácticas afectan la imagen de la gestión gubernamental debido a que, en muchos casos, no existe evidencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una evidente desviación de recursos.

También señala que además de universidades públicas, que han participado en la prestación de servicios que terminan subcontratando incluso a empresas fantasma a cambio de una comisión, también participan entes federales y locales.

Entre otras auditorías forenses, reporto la revisión de 450 millones de pesos de un convenio general de colaboración y dos convenios específicos, suscritos por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para la prestación de servicios con el fin de realizar la estrategia, creatividad, producción y post producción en Radio y televisión.

En su informe recomendó a la Contraloría del gobierno del Estado de Quintana Roo, que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión suscribieron el convenio general y los convenios específicos, sin que el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social contara con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto de los mismos, además de que declararon con falsedad.

Esa misma problemática se detectó en la auditoría practicada al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) (auditoría 171-DS), en relación con la adquisición de materiales y suministros para planteles educativos. En este caso, el CONAFE contrató al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México y a DICONSA quienes no contaban con las capacidades requeridas y, por lo tanto, subcontrataron el 100 por ciento de los bienes y servicios solicitados.

Se identificaron subcontrataciones, bajo las mismas condiciones antes referidas, derivadas de adquisiciones realizadas entre la SAGARPA y la Universidad Autónoma de Chapingo (auditoría 290-DE); entre la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (auditoría 408-DE); entre la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Universidad Autónoma de Zacatecas (auditoría 259-DS).

También entre la Universidad Politécnica de Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (auditoría 195-DS); entre la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la SEDATU (auditoría 193-DS); entre la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la CONAPESCA (auditoría 197-DS).

Entre la Universidad Tecnológica de Salamanca, la SAGARPA, Pronósticos para la Asistencia Pública, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (auditoría 199-DS); entre el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y la SEDATU (auditoría 1791-DS-GF); entre la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la SEDATU (auditoría 1793-DS), y entre Televisora de Hermosillo y la SEDATU (auditoría 1794-DS-GF).

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En su conclusión, el órgano fiscalizador, señaló que estas contrataciones generan un ambiente de discrecionalidad que, a su vez genera situaciones de riego de fraude y corrupción, ya que no se cuenta con los controles contemplados en los procesos de licitación pública.

Además de que “la cadena de subcontrataciones que se han identificado en estas operaciones complica la trazabilidad de los recursos erogados por la entidad pública contratante”.

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