La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) reportó 157 millones 155 mil 360.03 pesos pendientes de solventar en la segunda entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2025, de los cuales 149.3 millones corresponden a ayuntamientos y organismos descentralizados municipales, con los mayores importes concentrados en Atotonilco de Tula y Tizayuca.
El Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca encabeza la relación de organismos descentralizados, con 49 millones 602 mil 180.65 pesos sujetos a aclaración, mientras Atotonilco de Tula ocupa el primer lugar entre los municipios, con 25 millones 72 mil 902.55 pesos. Los montos forman parte de los resultados presentados el 30 de octubre de 2026 por el titular de la ASEH, Jorge Valverde, ante la Comisión Inspectora del Congreso estatal.
De acuerdo con el informe ejecutivo, los 157.1 millones de pesos corresponden a probables recuperaciones que todavía están sujetas a las aclaraciones y justificaciones de las entidades fiscalizadas. La auditoría advierte que las cantidades observadas no implican necesariamente daños o perjuicios a la Hacienda Pública, por lo que no pueden considerarse, por sí mismas, recursos desviados o pérdidas patrimoniales acreditadas.
La revisión comprendió 178 auditorías: 82 financieras, 82 de cumplimiento, ocho financieras y de cumplimiento e inversiones físicas, además de seis auditorías al desempeño. Como resultado, la ASEH emitió 920 recomendaciones y 439 pliegos de observaciones derivados de auditorías financieras, de cumplimiento e inversiones físicas, pendientes de solventar al momento de la presentación del informe.
El monto observado se distribuye en 75 millones 834 mil 967.73 pesos correspondientes a los municipios; 73 millones 480 mil 987.62 pesos a organismos descentralizados municipales, y 7 millones 839 mil 404.68 pesos al sector paraestatal y organismos autónomos. En conjunto, los gobiernos municipales y sus organismos concentran 95 por ciento de los recursos sujetos a aclaración.
Atotonilco de Tula encabeza observaciones municipales
Entre los ayuntamientos, Atotonilco de Tula registra el mayor importe pendiente de solventar, con 25 millones 72 mil 902.55 pesos, seguido de Tizayuca, con 13 millones 435 mil 162.22; Mineral de la Reforma, con 12 millones 15 mil 847.15; Huejutla de Reyes, con 8 millones 530 mil 892.29, y Cuautepec de Hinojosa, con 4 millones 340 mil 693.81 pesos.
Los cinco municipios acumulan 63 millones 395 mil 498.02 pesos, equivalentes a 83.6 por ciento del total observado en el ámbito municipal. La concentración coloca a estas administraciones en el centro de la revisión de los recursos públicos, aunque el informe ejecutivo no especifica las operaciones, contratos, obras o conceptos que originaron cada monto.
La relación incluye también a Nicolás Flores, con 2 millones 502 mil 87.85 pesos; Tezontepec de Aldama, con 2 millones 195 mil 989.41, y Tepetitlán, con 2 millones 55 mil 885.08 pesos pendientes de solventar.
El caso de Atotonilco de Tula destaca por encabezar la lista municipal con una cantidad cercana a la tercera parte del monto observado en todos los ayuntamientos. Sin embargo, para determinar qué explica esa cifra es necesario conocer el informe individual de auditoría, en el que deben detallarse las observaciones y los elementos que las sustentan.
La información disponible no permite establecer si los 25 millones de pesos corresponden a una sola operación o a varios señalamientos, ni determinar si se relacionan con obra pública, adquisiciones, servicios, comprobación del gasto u otros conceptos. Cualquier conclusión sobre el origen de los recursos deberá sustentarse en los expedientes correspondientes.
Tizayuca concentra el mayor monto en organismos descentralizados
El principal importe individual de la segunda entrega corresponde al Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca, con 49 millones 602 mil 180.65 pesos pendientes de solventar, una cantidad que representa aproximadamente 67.5 por ciento del total observado en los organismos descentralizados municipales.
La diferencia respecto del resto de las entidades de esa categoría es considerable. El Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias de Pachuca registra 7 millones 451 mil 224.04 pesos; el Sistema Municipal DIF de Mineral de la Reforma, 2 millones 811 mil 874.70; la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nopala de Villagrán, 2 millones 392 mil 86.61, y la comisión homóloga de Santiago Tulantepec, 2 millones 129 mil 86.18 pesos.
Los cinco organismos suman 64 millones 386 mil 452.18 pesos, cerca de 87.6 por ciento de los 73.48 millones observados en el conjunto de las entidades descentralizadas municipales.
El monto del instituto de Tizayuca también sobresale por su relación con las observaciones registradas para el propio ayuntamiento. Mientras el municipio tiene 13 millones 435 mil 162.22 pesos pendientes de solventar, su organismo de desarrollo urbano y vivienda acumula otros 49 millones 602 mil 180.65 pesos.
La suma aritmética de ambas cantidades asciende a 63 millones 37 mil 342.87 pesos. No obstante, el informe presenta al ayuntamiento y al instituto como entidades fiscalizadas distintas y no establece si sus observaciones están relacionadas entre sí, por lo que el total no debe interpretarse como un faltante consolidado ni como prueba de una misma irregularidad.
El monto del instituto convierte su expediente en una prioridad para el seguimiento periodístico. Es necesario conocer qué operaciones generaron las observaciones, cuál es el origen de los recursos involucrados, qué documentación presentó la entidad y si existen señalamientos relacionados con contratos, obras, pagos o cumplimiento de obligaciones.
La información ejecutiva no proporciona ese desglose, por lo que tampoco permite atribuir responsabilidades a funcionarios ni afirmar que los recursos fueron desviados. La dimensión de la cantidad justifica profundizar en el expediente, pero no sustituye la evidencia documental necesaria para establecer qué ocurrió.
La mayor parte de las observaciones está en el ámbito municipal
La suma de los importes correspondientes a ayuntamientos y organismos descentralizados municipales alcanza 149 millones 315 mil 955.35 pesos, equivalentes a 95.01 por ciento del total pendiente de solventar en esta segunda entrega. El sector paraestatal y los organismos autónomos reúnen los 7 millones 839 mil 404.68 pesos restantes.
En esta última categoría, los mayores importes corresponden a la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, con 2 millones 899 mil 277.44 pesos; el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, con un millón 565 mil 992.66; el Instituto Hidalguense de Educación, con un millón 482 mil 852.98; la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, con 369 mil 980.48, y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, con 211 mil 143 pesos.
La concentración municipal es el principal hallazgo financiero de la segunda entrega, pero el monto observado no constituye una determinación definitiva de daño patrimonial. La ASEH informó que las entidades fiscalizadas cuentan con 30 días hábiles, a partir de la notificación de su informe individual, para presentar documentación, aclaraciones y justificaciones, de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.
Una vez analizada la información, el órgano fiscalizador determinará si las respuestas permiten solventar las observaciones o si corresponde emprender las acciones que procedan. La institución reportó además un resarcimiento de 266 mil 771.75 pesos durante esta entrega, cantidad que podría incrementarse conforme se atiendan los pliegos pendientes.
Las auditorías también incluyeron evaluaciones al desempeño. Tulancingo de Bravo recibió siete recomendaciones en seguridad pública y cinco en presupuesto basado en resultados; Pachuca de Soto registró siete recomendaciones, Mineral de la Reforma seis, Tizayuca cinco y Tula de Allende cinco. El informe no detalla las deficiencias específicas que originaron estos señalamientos.
La segunda entrega incluyó 88 informes individuales de auditoría y reportó incumplimientos normativos, deficiencias en controles internos y problemas relacionados con obligaciones de transparencia. Los documentos en versión pública y los informes dirigidos a la ciudadanía estarán disponibles en la página de la ASEH.
La siguiente etapa será determinar qué observaciones pueden aclararse, cuáles permanecen pendientes y si alguna deriva en recuperaciones o procedimientos de responsabilidad. Los 157 millones de pesos constituyen el punto de partida de esa revisión, no una conclusión definitiva sobre el destino de los recursos públicos.
