El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal que impone una sanción, de uno a tres años de prisión o de 50 a 300 días de trabajo comunitario, a quienes atenten contra la dignidad humana o menoscaben derechos y libertades a las personas por razones de religión o discapacidades.
Avalado con 366 votos a favor, dos en contra y 32 abstenciones, el dictamen de las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación enfatiza que "no serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos y las que garantice el Estado laico, de conformidad con la Constitución política".
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Con la adición al artículo 149 del Código Penal Federal se incorpora la discriminación por razones de religión y discapacidades al tipo penal que castiga esa misma conducta por origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual y condición social o económica, entre otras.
En su proyecto las comisiones dictaminadoras alertaron sobre la persistencia en México de "situaciones de exclusión social, entre otras causas, debido a la intolerancia religiosa".
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Aunque se vive en un escenario de creciente diversidad de culto, la discriminación es un problema social que afecta la pacífica convivencia entre los ciudadanos, tanto en las ciudades como en las comunidades rurales, principalmente indígenas, señalaron.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2005, más de 80 por ciento de los ciudadanos consultados señaló que existe discriminación contra las minorías religiosas y 21 por ciento se declaró víctima de ella debido a sus creencias religiosas.
Asimismo, hasta 2008, la Secretaría de Gobernación documentó 32 casos de discriminación contra minorías religiosas correspondientes al sexenio del presidente Felipe Calderón.
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No obstante, diversas instancias evangélicas informaron acerca de 87 casos de expulsiones, quema y destrucción de casas y templos, extorsiones, corte de servicios de agua potable y electricidad, marginación de los programas sociales y de apoyo contra la pobreza, amenazas, encarcelamientos, secuestros, homicidios, impedimento para usar los panteones municipales y la negación del servicio educativo a menores, entre otras violaciones que, en su mayoría, estaban impunes.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestó a su vez la existencia de evidencias de intolerancia religiosa, cuyas manifestaciones más violentas se presentaron fundamentalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
SBG
