En periodo extraordinario los diputados de la Legislatura mexiquense avalaron, por unanimidad, la minuta que reforma la Constitución nacional en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil, enviada por la Cámara de Senadores.
En el último día, de acuerdo al plazo legal, los legisladores mexiquenses avalaron la reforma constitucional que permitirá una homologación en diversas materias.
TE RECOMENDAMOS: Diputados piden no especular en llamada Peña-Trump
Se indicó que con esta reforma se dotará de competencias al Congreso federal para legislar de forma única en determinadas materias a través de la figura de las leyes generales, además de que establecerá un sistema de distribución de competencias y coordinación entre autoridades.
Un día antes en comisiones, la legisladora Arely Hernández Martínez (PAN), señaló que otorgará una serie de competencias al Congreso para una mejor coordinación entre autoridades e incluye una propuesta del PAN, para simplificar el ordenamiento jurídico en la materia, para que sea más asequible y entendible para el ciudadano.
Además, con ello iniciará un camino prometedor en el tema de mecanismos alternativos de solución de controversias, que permitirá una ley general que establezca prioridades e importancia y sirva de apoyo al reciente sistema oral en materia penal, pues la justicia alternativa permite acuerdos satisfactorios para las necesidades e intereses de las partes.
Propuesta presidencial
Los diputados mexiquenses avalaron reformar el artículo 73 de la Constitución política en materia de justicia cívica e itinerante, misma que en el Congreso federal fue avalada con 414 votos
El documento precisa que de acuerdo a datos del INEGI, el mayor porcentaje de litigios se presenta en materia familiar con 35 por ciento, seguido del civil con 30 por ciento; el mercantil 20 y al final el penal con 13 por ciento.
Refiere también que en México el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias ha aumentado y estos se han asimilado como parte del sistema nacional de justicia, no obstante, no existe unidad o criterios, lo mismo que estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y los requisitos de certificación de mediadores y conciliadores o los efectos de los convenios que resulten de estos mecanismos alternativos.
"Dicha situación dificulta que en el país se comparta un lenguaje común respecto de los mecanismos de solución de disputas".
Destaca que la entidad mexiquense, es uno de los estados que cuentan con leyes que regulan los mecanismos alternativos de solución de controversias, para que estas leyes permitan el ejercicio efectivo, se requiere que se homologuen los principios que los rigen, así como los procedimientos, las etapas mínimas que los conforman, la definición de su naturaleza jurídica, además de los requisitos que deben cumplir las personas que fungen como mediadores, facilitadores o conciliadores e incluso la regulación de los mecanismos para atender los conflictos comunitarios.
RAM
