En medio del conflicto de seguridad, la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortíz Domínguez, tendrá que lidiar contra batalla: el Congreso del Estado le impuso una amonestación pública luego del desacato que hiciera al comienzo de su administración al imponer al menos tres funcionarios en las direcciones de Desarrollo Económico, Servicios Administrativos y Tránsito.
Ante tal, por mandato del Pleno y tras el resolutivo emitido por las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la alcaldesa tendrá que regresar los sueldos de Mario Alberto Cantú Reséndez, Zulema del Carmen González Beaz y Carlos Ruvalcaba Dinas, quienes ocuparon esos cargos en ese orden, del 18 de octubre del 2016 al tres de febrero del 2017.
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El asunto incluyó haber extendido del conocimiento al ministerio público para que analice si existe algún delito que perseguir ante lo que llamaron designación indebida de funcionarios.
En la votación de ese resolutivo, la bancada del Partido Revolucionario Institucional se abstuvo de votar dicho dictamen, por lo que se avaló sólo con 17 votos a favor y que pertenecen a la bancada del Partido Acción Nacional.
Cabe recordar que el pasado 18 de enero se inició la investigación en contra de la alcaldesa a quien denunció el síndico José Alfredo Castro Olguín, por supuestas irregularidades y violaciones al código municipal.
En contraparte la alcaldesa reviró y se dijo víctima de una campaña de violencia política, además de ser flanco de ataques; no obstante este martes el Pleno dio trámite a la resolución.
Mientras tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos Alberto García González, mencionó que la resolución fue apegada a derecho y no se trata de un asunto personal. También negó ser violencia política contra la alcaldesa.
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“No es nada personal. Maki es mi amiga. Lo que buscamos es solamente cumplir con la ley y que a los demás alcaldes les quede claro que deben ajustar su desempeño a lo que señala el marco legal”, concluyó.
ELGH
