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Domingo , 24.03.2019 / 09:52 Hoy

Amenaza Estado con detener a ex funcionarios inhabilitados

En caso de no pagar los 210 millones de pesos como medida de sanción resarcitoria al erario, se emitiría una orden de aprehensión, dijo el secretario General de Gobierno.

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Tras dar a conocer la inhabilitación de cuatro ex funcionarios, entre ellos dos que cuentan con fuero federal, el Gobierno del Estado amenazó con girar órdenes de aprehensión en su contra en caso de no pagar los 210 millones de pesos a modo de reparar el daño al erario.

Manuel González, secretario General de Gobierno, informó que no solamente se trata de asuntos administrativos sino penales, sin embargo, no quiso dar más detalles para no manchar el proceso que la Contraloría actualmente lleva.

"(Se daría) lo mismo que pasa con un crédito fiscal en Hacienda, si no se cumple con el fincamiento de un crédito fiscal pues hay una orden de aprehensión en contra de esa gente.

"No tengo ahorita los datos y no se los voy a dar porque no sólo son asuntos administrativos, sino también penales", dijo.

El funcionario estatal explicó que en cada uno de los casos inhabilitados se lleva a cabo un proceso administrativo, en el cual llegando a su sentencia final se logra el fincamiento de un crédito fiscal en contra del ex funcionario.

Actualmente, agregó, están inhabilitados porque se les comprobó malos manejos en la pasada administración por lo cual tendrán un procedimiento para defenderse.

"Ese procedimiento termina con una sanción en donde muy probablemente si son culpables se establezca un crédito fiscal que es un adeudo fiscal que tendría el ex funcionario con el Gobierno por las cantidades que están señaladas", refirió.

Por haber otorgado incentivos económicos de manera irregular a la empresa Siderúrgica de Linares, la Contraloría y Transparencia Gubernamental inhabilitó por 10 años a cuatro ex funcionarios de primer nivel de la anterior administración estatal.

Los involucrados en el caso deberán pagar de manera solidaria una sanción resarcitoria al Estado por un monto de 210 millones de pesos.

Juana Aurora Cavazos, quien se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social, Patricia Aguirre González, quien fue directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado, Juan Manuel Fernández García, quien fue director General del Instituto de Vivienda del Estado y Sergio Alejandro Alanís Marroquín, quien ocupó la Dirección General del Instituto de Vivienda del Estado, en la parte final de la administración son los ex funcionarios señalados por el actual Gobierno.

Sin embargo, Manuel González no detalló cuáles son los procedimientos a seguir con Juana Aurora y Patricia Aguirre al tener ambas fuero federal, ya que la primera es diputada federal y la segunda es titular de Comunicación en el equipo de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República.

"Ella (Juana Aurora) va a estar inhabilitada estatalmente, no tenemos nosotros competencia como para inhabilitarla federalmente y la labor por la cual está siendo inhabilitada es en el Estado, eso sí está hecho", reiteró.

Es una broma que se inhabilite en el Estado con fuero federal

Organismos Civiles calificaron como una broma que el Estado presumiera la inhabilitación de cuatro ex funcionarios estatales cuando dos de estos tienen fuero federal.

Daniel Butrille, integrante de Evolución Mexicana, dijo que no le queda muy claro las consecuencias a las que los ex funcionarios estatales serán acreedores.

"Inhabilitar a nivel estatal una señora que es diputada federal es una broma de muy mal gusto para la ciudadanía de Nuevo León y francamente parece un combate a destiempo, a esta señora habría que inhabilitarla en sus derechos cívicos, ¿que hace de diputada federal siendo evidenciada aquí como una mala administradora de los fondos públicos?", cuestionó.

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