Cruzar de manera ilegal a Estados Unidos “es una misión suicida, siempre lo ha sido, con la diferencia que ahora se suma el racismo”. Así describió Carlos Alberto su llegada al vecino país del norte, de donde fue deportado hace unas semanas.
El originario de Tabasco pasó apenas seis meses en Yuma, Arizona. Su sueño americano terminó de vuelta en Tijuana. El joven, de 24 años, trabajó en la construcción y una noche, al concluir su jornada, subió al autobús que lo llevaría a su casa. Durante la ruta se topó con un retén de la patrulla fronteriza. Los oficiales le exigieron papeles y como no tenía, fue trasladado a un centro de detención, perrera, como lo llaman los indocumentados que conocen los tratos que ahí se padecen.
“Vienes y sientes que vas a cruzar, pero no sabes lo que te va a esperar: hay gente que te va a hacer daño. Yo estoy en Tijuana buscando la manera de regresarme a mi casa, porque lamentablemente no puedo estar así con ese pensamiento de volver a cruzar. La situación está difícil y se va a poner más”, narró Carlos, quien encontró un empleo temporal en esa ciudad. El dinero que gana lo ahorra para pagar sus gastos e ir a Tabasco.
Carlos es uno de los 70 mexicanos que en promedio todos los días son expulsados por el gobierno estadunidense y entregados a las autoridades migratorias de México; casi 200 mil al año y cerca de 2 millones 800 mil en los últimos ocho, de acuerdo con especialistas y la subsecretaría de Migración.
Esas cifras son un referente para el gobierno mexicano, antes de echar andar un plan de contingencia, en caso de que la amenaza de Trump —de las deportaciones masivas— se convierta en realidad.
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A la incertidumbre que genera la amenaza del presidente 45 de Estados Unidos se suma la falta de capacidad que tienen los albergues en la frontera. Tan solo en Tijuana la crisis por la llegada masiva de haitianos incrementó de 24 a 31 los lugares que dan hospedaje y alimentos a los migrantes que buscan cruzar, o a aquellos que han sido deportados.
El problema no es solo la falta de cupo, también la de recursos para dar techo y alimento a los migrantes.
El director de Atención al Migrante de Tijuana, César Palencia, detalló que hay al menos 3 mil haitianos que se mantienen varados en la frontera de Baja California a la espera de poder cruzar hacia Estados Unidos. Por eso, por cada 200 haitianos hay 50 mexicanos que duermen en alguno de los albergues. Los mexicanos se sienten desplazados de los lugares donde tradicionalmente se instalaban hasta por un mes; ahora deben salir a las dos semanas.
Palencia sostuvo que es necesario que el gobierno federal considere una partida adicional de recursos para sufragar los gastos por la saturación de los albergues en la principal frontera del país.
En entrevista, el subsecretario de Migración de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, señaló que durante los últimos ocho años el gobierno mexicano ha recibido en promedio 200 mil deportados al año.
“No es que tengamos que tener una preparación adicional en el momento en que la cifra de deportados pase los 200 mil, lo único que harán el Instituto Nacional de Migración (INM) y las oficinas de apoyo al migrante será incrementar los recursos necesarios para atender cualquier cantidad que exceda esos 200 mil”.
Además rechazó las afirmaciones de que todos los indocumentados son delincuentes, como lo ha mencionado Trump. Refirió que las cifras del INM señalan que solo 5 por ciento de los deportados han cometido algún ilícito, más allá de las faltas administrativas, por las cuales, en la mayoría de los casos, terminan presos en Estados Unidos.
El especialista del Colegio de la Frontera Norte José María Ramos coincidió con el subsecretario Roque, al señalar que al menos en el próximo año no se concretará la expulsión masiva de indocumentados.
“En el supuesto de que se diera esa expulsión, que podrá ser de 200 o 250 mil indocumentados, ¿cuáles son los escenarios? Si uno observa la experiencia de 2013 a 2015, una minoría se queda aquí a involucrarse en las actividades laborales; otros se regresan a sus comunidades y otros más intentan volver a Estados Unidos, sobre todo quienes tienen la capacidad adquisitiva y a familiares que los apoyan para pagar entre 2 mil y 4 mil dólares para hacerlo”.
Sin embargo, el experto en migración y sobre la relación México-Estados Unidos recomendó reforzar la atención que los 50 consulados ofrece a los mexicanos que viven en Estados Unidos, pues se estima que del total de deportaciones, entre 30 y 40 por ciento se puede frenar, debido las irregularidades en el proceso judicial.
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A la incertidumbre de quienes ahora buscan una opción frente a su eventual deportación, se suma la preocupación por regresar a un país que aunque no los vio nacer, es el único lugar que recuerdan como su hogar.
El michoacano Miguel García solo conoce un país, Estados Unidos. Aunque nació en México, pasó los últimos 40 años en California. Fue arrestado y deportado seis meses después. Ahora vive en Tijuana, donde encontró un trabajo temporal que le permite pagar un cuarto para dormir. Espera poder regresar con su familia, en California, una vez que un abogado le ayude a tramitar su visa y cruzar de manera legal, pues su vida, su familia y su trabajo están del otro lado de la frontera.
Padeció en carne propia el racismo de los estadunidenses y aseguró que con la presidencia de Trump habrá licencia para los actos de discriminación y xenofobia.
—¿Qué les dirías a los mexicanos que quieren ir a Estados Unidos?
—Que va a ser muy difícil ahorita, que se esperan cuatro años, ya cuando saquen a este hombre.
