La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acusó que la Tesorería Estatal depositó recursos incompletos que les afecta en el pago de nómina, así como en su gasto operativo.
De acuerdo con el organismo autónomo, la tesorería no dio justificación alguna sobre el pago incompleto correspondiente a la presente quincena.
En ese sentido, afirmaron que el pago corresponde solamente al 70 por ciento del monto total, lo cual impide cubrir en su totalidad los pagos de nómina, las aportaciones de seguridad social, el arrendamiento del edificio en el que operan actualmente, así como la afectación al cumplimiento de obligaciones fiscales incluyendo el pago del Impuesto Sobre Renta y del 3 por ciento Sobre Nómina.
Por su parte, la presidenta de este organismo, Susana Méndez Arellano, dijo que es preocupante que no se respete la autonomía de dicha institución que se encarga de velar por los Derechos Humanos.
Además, resaltó que el organismo a su cargo se mantendrá al margen de cualquier tema político que existe entre el Gobierno Estatal y los diputados locales.
“El derecho al salario es un derecho humano y en este sentido, al no recibir dicha remuneración, se afectan directamente los compromisos de las familias de las personas trabajadoras, quienes se convierten en víctimas indirectas, y por consecuencia se vulneran otros derechos como la alimentación, el vestido, la educación y la salud”, expresó.
Por último, la CEDH reiteró haciendo un llamado al Gobierno del Estado para que, a través de la Secretaría de Finanzas y la Tesorería General del Estado, se realice con carácter de urgente el depósito del recurso necesario que permita cumplir con las obligaciones de pago.
Apenas el miércoles pasado el Gobierno del Estado afirmó que había realizado en tiempo y forma el depósito de recursos producto de la reconducción del presupuesto 2026 a poderes y organismos autónomos.
Al respecto, la autoridad afirmó que dichas transferencias ascendieron a un monto de 415 millones 942 mil 868 pesos.
Dicho monto, afirmaron, era precisamente para que los poderes y los organismos autónomos dieran cumplimiento a sus obligaciones de gasto corriente y el pago de nómina de cada una de las instituciones.
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