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Viernes , 15.02.2019 / 23:56 Hoy

Defenderse o morir en el intento

CIMACNOTICIAS: PERIODISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Cuando el derecho a defender la vida cuesta la libertad a las mujeres, el sistema de justicia no investiga la violencia que viven y las criminaliza.
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En medio de una sala del Observatorio de Violencia Social y Género en Campeche (OVSyG), Jeysol Amaya Sánchez, sobreviviente de violencia feminicida, está sentada junto a su hija. Viste una blusa rayada de manga larga y pantalón de mezclilla que cubren los signos de violencia de aquella noche del 30 de enero de 2015 cuando su entonces pareja, Rodrigo Paredes, trató de asesinarla a cuchillazos luego de que ella amenazara con dejarlo tras la violencia cotidiana que vivía.

Fueron 37 cuchilladas las que su cuerpo recibió de su pareja. La primera —recuerda— la sintió detrás de su espalda. En ese momento la confusión la invadió: “Entré en shock, no sabía si lo que sucedía era un sueño o la realidad”. La segunda vez que asestó el cuchillo contra su cuerpo comprendió que aquel hombre, que hasta entonces había sido su pareja, quería asesinarla.

Aunque sabía que la única posibilidad de sobrevivir era salir corriendo de ese lugar, la pérdida de sangre y fuerzas la hizo permanecer en el suelo, donde siguió esquivando con sus manos las cuchilladas de Rodrigo.

“Yo solo lo veía venir con los cuchillos, en el momento en que me levantó el cuello, me cortó y metió sus dedos para estrangularme, pensé que no volvería a ver a mis hijos; comenzó a patearme, después tomó una roca y me golpeaba en las heridas”, narró en entrevista.

En esa lucha por defender su vida, Jeysol pudo detener algunos de los cuchillazos con sus manos, lo que provocó que perdiera la movilidad de su mano derecha. Su agresor continuó atacándola en los mismos lugares donde ya estaba herida. Ella entendió que ya no podía defenderse y “se hizo la muerta”.

“Cuando él me cree muerta, para asegurarse, toma la piedra de la puerta del baño y me pega en la cabeza, patea mi cuerpo y me dijo: ‘vamos a morir juntos’. Se acostó al lado mío y se cortó las venas de las muñecas”.

Esas heridas son la razón de que su testimonio (Jeysol) haya sido desestimado, ya que su agresor argumentó que “ella lo había cortado cuando él intentaba detenerla para que no se autolesionara”, de acuerdo con lo que él declaró ante las autoridades.

Después de estar medio año en el hospital por fin pudo declarar y hacer su denuncia en 2016. Durante todo el proceso penal se le negó asesoría legal, la integración de nuevos peritajes que comprobaran que había sido atacada por Rodrigo, y otras pruebas como las declaraciones de los vecinos que atestiguaron los hechos, las huellas de los cuchillos y los dictámenes del hospital que revelaron la violencia de que fue víctima.

Todo ello bajo el argumento que “si él (Rodrigo) hubiera querido matarla no se habría detenido”, dijo Amaya Sánchez.

“Han pasado tres años y medio y aún no veo justicia, mi agresor goza de la figura de presunción de inocencia, no me sentiré segura hasta que él esté preso, pues me ha amenazado de muerte a mí y a mi familia”.

Jeysol piensa que si se hubiera defendido tal vez no tendría heridas que limitan el movimiento de su cuerpo y la vida de sus hijos no estaría afectada; luego recapacita y dice que en este sistema de justicia machista que piensa que las mujeres que se defienden lo hacen por venganza, la única opción que hubiera tenido hubiera sido la cárcel.

ENCARCELAR A LA VÍCTIMA

En México, las mujeres que se defienden de sus agresores tienen dos opciones: si lo hacen, en muchos casos puede derivar en la muerte de su atacante y que ellas vayan a la cárcel, o bien, pueden quedarse indefensas y ser víctimas o sobrevivientes de feminicidio.

Aunque no hay una cifra precisa sobre el número de mujeres encarceladas por defender su vida al encontrarse en una situación de violencia extrema, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia, en 2015, de cada 100 mujeres procesadas o imputadas que se registraron por causas penales, poco menos de 15 lo estaba por delitos de lesiones (causar una o varias heridas a una persona), en comparación con los hombres en la misma situación, que fueron nueve. En este delito la proporción de mujeres es superior a la de hombres en 5.4 puntos porcentuales.

Quienes viven esta situación se enfrentan a un sistema de justicia que no investiga los contextos de violencia que viven, que no cree en su palabra, que las revictimiza y, sobre todo, no reconoce su derecho a defenderse, como le ocurrió a Reyna, originaria de Belice, quien al defenderse, hirió de muerte a su agresor, por lo que pasó un año en prisión.

Tras negarse a darle a su pareja el dinero ganado por un día como trabajadora del hogar, él tomó un cuchillo, la aventó, forcejearon y al momento de defenderse Reyna lo hirió. Inmediatamente llamó a una ambulancia, pero ésta tardó media hora en llegar y él murió.

Por esta razón, Reyna, quien en realidad no se llama así ya que carece de acta de nacimiento y el nombre fue asignado por el Ministerio Público, contó en entrevista con esta agencia la abogada que llevó el caso, Natalia Paola Punab de la O, fue detenida por policías estatales.

Sin saber leer o hablar español de manera fluida para dar una declaración, fue torturada, golpeada y privada de su libertad por 48 horas. En 2016 fue sentenciada a 25 años de prisión por el delito de homicidio doloso contra su ex pareja, Marco Antonio, en el Centro de Reinserción Social de Chetumal.

Aunque la defensa pública alegó desde un principio la legítima defensa, el juez dijo que “eso no existía”, desestimó la evidencia, no aplicó la perspectiva de género y la encarceló al dictaminar que “justo ese día su vida no corría peligro”, agregó la abogada del OVSyG, Natalia Paola Punab.

Entre otras irregularidades, Reyna no tuvo un intérprete y no se notificó a la embajada de Belice sobre su detención.

Por ello y ante el deficiente trabajo de las autoridades encargadas de procurar justicia en Campeche, esta organización interpuso conjuntamente con la Red Peninsular de Mujeres en Campeche y el Instituto Nacional de Mujeres, en abril de 2016, una apelación a la sentencia. Siete meses después se pudo comprobar que era inocente, que no era una “asesina”, sino una víctima.

El caso de Reyna sirvió para modificar la actuación de las autoridades en Quintana Roo en los casos de legítima defensa. En 2017 una mujer de 27 años fue liberada en 24 horas al comprobar que era víctima de violencia y que asesinó a su agresor en defensa propia.

En el penal de Quintana Roo existen dos o tres casos de mujeres que al igual que Reyna están apelando que los delitos se cambien de homicidio a legítima defensa.

Cimacnoticias: Periodismo con perspectiva de género
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