Habitantes de Laguna Colorada, al sur de Culiacán, impidieron la salida de patrullas de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante un operativo que comenzó la madrugada de este jueves 15 de octubre.
Los pobladores reclamaron por la retención de personas y denunciaron presuntos robos durante las revisiones de inmuebles.
De acuerdo con los testimonios, las unidades comenzaron a llegar alrededor de las 03:00 horas, por lo que el ruido de helicópteros despertó a algunos vecinos.
Durante la intervención, personal federal mantuvo bajo resguardo algunos inmuebles y retuvo a personas, lo que provocó que habitantes se concentraran para exigir su liberación.
Vecinos denuncian personas retenidas y presuntos robos
Los pobladores formaron un cerco para evitar que las patrullas se retiraran. Acusaron que la orden de cateo fue presentada horas después del inicio del despliegue y denunciaron la sustracción de teléfonos y otras pertenencias.
“Son gente inocente que trabaja de sol a sol y no es justo lo que están haciendo”, expresaron habitantes.
Entre los reclamos, exigieron que las personas retenidas fueran bajadas de las unidades.
“Bajen a las personas, ni siquiera se les está pidiendo lo que se robaron”, señalaron.
“Ya no sabemos ni de quién cuidarnos, si de los malandrines o de ustedes”, reclamaron también frente al personal federal, que permanecía en posición ante el grupo de vecinos.
Derechos Humanos acude para atender las quejas
Al sitio llegó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, para atender las inconformidades de los pobladores por la actuación de los elementos federales.
Hasta el momento no se cuenta con una versión oficial sobre los motivos del operativo, el número de personas retenidas o su situación jurídica. Las denuncias de los habitantes sobre presuntos robos están pendientes de esclarecer.
Aseguran casa, dos vehículos y un razer
Un inmueble y varios vehículos fueron asegurados durante el cateo realizado en Laguna Colorada, al sur de Culiacán, donde también fue detenida una mujer.
En la vivienda estaban una mujer identificada como Carlota y sus dos hijas, una de ellas menor de edad, quienes permanecieron retenidas durante varias horas mientras los agentes realizaban la revisión.
Posteriormente, la mujer fue trasladada en una patrulla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la autoridad competente. Hasta el momento, la información disponible no precisa el delito que se le atribuye.
Una de las menores relató ante medios de comunicación y habitantes de la comunidad que, durante el cateo, los agentes se llevaron algunos de sus dispositivos electrónicos
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, acudió al domicilio donde se realizaba el cateo en Laguna Colorada, acompañado del director de Quejas del organismo, después de recibir denuncias sobre posibles irregularidades en la actuación de los agentes federales.
Explicó que uno de los motivos de su presencia fue el reporte de que los elementos habían ingresado a la vivienda y comenzado la revisión sin mostrar la orden de cateo a la familia.
Según Loza Ochoa, fue hasta que él y el director de Quejas llegaron al inmueble cuando los agentes presentaron el documento a los familiares.
Loza Ochoa indicó que se trataba de una orden autorizada por un juez de distrito y que pudo conversar directamente con Carlota para conocer cómo se había desarrollado el procedimiento.
La mujer le manifestó que no presentaba lesiones y que ni ella ni sus familiares habían sido agredidos. El presidente de la CEDH añadió que se permitió la salida de los menores de edad que estaban en el lugar.
Sobre los teléfonos, una tableta y otros artículos que la familia reportó como presuntamente sustraídos, Loza Ochoa señaló que los elementos federales justificaron su aseguramiento al considerar que podrían contener información útil para la investigación.
Además, precisó que corresponde al Ministerio Público valorar los objetos recabados y determinar si tienen relación con algún delito. La legalidad de su aseguramiento, así como las inconformidades por la actuación de los agentes, deberán ser revisadas por las instancias competentes.
El ombudsman recomendó a los familiares formalizar una queja ante la CEDH para remitirla a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por tratarse de autoridades federales. También pidió respetar los plazos legales para poner a las personas detenidas a disposición del Ministerio Público.
AG
