El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil resolvió que el juez Benito Arnulfo Zurita incumplió una sentencia de amparo que le ordenaba proteger al Grupo Oro Negro contra actos de tenedores de bonos, como venta de plataformas y el cambio del gobierno corporativo.
En consecuencia, el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil deberá llevar a cabo los actos necesarios para dejar sin efectos dichas ejecuciones y garantizar el puntual cumplimiento de la protección Constitucional.
Así lo determinaron por unanimidad los magistrados José Juan Bracamontes Cuevas, María del Refugio González Tamayo y Abraham Marcos Valdés.
La resolución del 30 de octubre de 2019 refiere que los actos que llevaron a cabo los bonistas son violatorios de las leyes mexicanas.
En tanto que los demandantes expusieron que el juez Arnulfo se negó a asumir su competencia, "comprometiendo la viabilidad de Oro Negro".
Se rehusó a cumplir una sentencia de amparo que le ordenaba proteger a la empresa conforme al artículo 87 de la Ley de Concursos Mercantiles, para evitar la ejecución de garantías, llevada a cabo por bonistas, y para que el grupo corporativo permaneciera.
