La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, propuso a la Legislatura reformar diversos ordenamientos para finiquitar la extinción del Instituto de Transparencia de la entidad y crear un organismo público desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, del Poder Ejecutivo, denominado Transparencia Mexiquense, el cual gozará de autonomía técnica, financiera y de gestión.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vázquez Rodríguez, informó que desde esta semana se empieza a analizar la propuesta de la titular del Ejecutivo y convocarán a un periodo extraordinario para finales de este mes, con el fin de votar el dictamen que se emita y dar cumplimiento a la obligación que tienen.
La iniciativa fue presentada durante la sesión de la Diputación Permanente para atender la reforma secundaria que estaba pendiente desde el 5 de febrero, con la precisión de que se respetarán los derechos laborales del personal del Infoem que será liquidado en los siguientes días y que todo el recurso financiero, técnico, así como las plataformas y archivos de información pasarán a formar parte del nuevo organismo.
“La iniciativa prevé la creación de un organismo público desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo denominado Transparencia Mexiquense que tendrá autonomía técnica, financiera y de gestión, garantizando el acatamiento a los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad que rigen el acceso a la información”, precisan en el documento.
Para esto se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipio, la Ley de Protección de Datos Personales y ajustes a la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado y Municipios, la Ley del Sistema Anticorrupción, el Código Administrativo y el Código Financiero.
La propuesta, indica, tiene como objeto un proceso de simplificación administrativa y racionalización de la estructura gubernamental, orientando a disminuir la burocracia y hacer más eficaz el desempeño institucional, con el fin de reducir cargas burocráticas, generar ahorros y facilitar los trámites a las personas destinatarias de la norma.
Sanciones por opacidad
La entidad es una de las que tiene más sujetos obligados, con 332, lo que evidencia la alta responsabilidad institucional que tiene la entidad en el cumplimiento del mandato constitucional.
Considera un subsistema de transparencia y acceso a la información del Estado de México integrado por las personas titulares de la Secretaría de la Contraloría que lo presidirá, además del de la Contraloría del Poder Legislativo, así como los contralores internos del Poder Judicial, Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Justicia, la UAEM y siete personas titulares de los OIC municipales, uno por cada una de las siete zonas.
Las personas integrantes del comité contarán con voz y voto; ejercerán su cargo a título honorífico, sin retribución ni compensación.
Cada sujeto obligado deberá integrar un Comité de Transparencia Colegiado; los sujetos obligados contarán con un área responsable para la atención de las solicitudes de información a la que se le denominará unidad de transparencia.
Se enumera cada una de las obligaciones de los sujetos y posibilita que cualquier persona denuncie ante las autoridades garantes la falta de publicación de las obligaciones de transparencia; se establece la posibilidad de que se interpongan recursos de revisión y se impugnen las determinaciones.
Las medidas de apremio son amonestación pública o multa de 150 hasta mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, tomando en cuenta la gravedad de la falta, la condición económica de la persona infractora y la reincidencia de los sujetos obligados. Será difundido en la plataforma nacional y en el portal de obligaciones de transparencia de las autoridades garantes del estado, y en caso de reincidencia se impondrá una multa equivalente al doble y cuando se incurra en un delito se deberá denunciar a la autoridad competente.
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