Policía

Texas investiga a la ciudad de Austin por regular la colaboración de la policía con ICE

Los cambios fueron ante las críticas de residentes, activistas y organizaciones después de que ICE deportó a una mujer hondureña.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, abrió este miércoles una investigación a la ciudad de Austin, la capital del estado, por aprobar una nueva directriz que regula la colaboración entre la policía local y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La alcaldía y el departamento de policía local confirmaron a medios de comunicación locales sobre las pesquisas que no se han hecho públicas por parte de la Fiscalía.

Las nuevas directrices, que entraron en vigor a inicios de marzo, regulan qué debe hacer un agente de policía cuando entra en contacto con alguien que tiene una orden administrativa de inmigración, es decir, que ICE sospecha está en el país de manera irregular.

El documento, publicado por la jefa del departamento de policía de Austin, Lisa Davis, estipula que los agentes que encuentren a personas con estas órdenes deben consultar a sus supervisores antes de llamar a ICE y detener de manera prolongada al individuo mientras llegan los agentes de inmigración.

Los cambios fueron ante las críticas de residentes, activistas y organizaciones después de que ICE deportó a una mujer hondureña, junto a su hija de cinco años, una semana después de que el Departamento de Policía de Austin respondiera a una llamada de "disturbio" en la casa donde ellas vivían.

ICE
El ICE es el encargado de controlar el flujo migratorio en Estados Unidos.

Como respuesta del aumento de detenciones de migrantes por parte del gobierno de Donald Trump, incluyendo una mayoría de personas sin antecedentes o condenas criminales, varias ciudades y regiones del país como Austin han pasado medidas para limitar o regular la colaboración de la policía local con ICE.

La Administración republicana y políticos aliados, como los líderes texanos, han rechazado estos cambios y amenazado con represalias a las jurisdicciones que adopten estas políticas.

Las medidas han sido defendidas por los gobiernos locales y organizaciones, asegurando que fortalecen la relación entre la policía local y las comunidades migrantes, permitiendo que las personas denuncien crímenes o colaboren con las autoridades sin miedo a ser deportadas.

AG

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