Un juez federal sentenció a 25 años y 31 años de prisión a Álvara Díaz Vázquez y a Sergio Rosales González o Sergio González Rosales, respectivamente, quienes eran miembros de una organización criminal que sometía a menores de edad a explotación sexual y a diversos actos de corrupción.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) ambas personas eran propietarios de bares y centros de diversión ilícita, con presencia en el estado de Puebla.
Sin embargo, reclutaban a sus víctimas de los estados de México, Veracruz, Tlaxcala y Guerrero.
La FGR los acusó de los delitos de delincuencia organizada en su hipótesis de trata de personas; y por trata de personas, corrupción de menores y lenocinio.
El 10 de octubre de 2011, un juez federal libró orden de aprehensión contra estas personas, por lo que Sergio Rosales fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 5 “Oriente”, con sede en Villa Aldama, Veracruz; mientras que Álvara Díaz fue llevada al Centro de Reinserción Social en Mexicali, Baja California.
El 11 de abril de 2016, el juez de la causa dictó sentencia condenatoria, pero la resolución fue revocada el 28 de abril de 2017 por el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, ordenando la reposición del procedimiento.
Posteriormente, el juez dictó sentencia condenatoria contra Álvara Díaz, por su plena responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada hipótesis de trata de personas; trata de personas, corrupción de menores y lenocinio, imponiéndole la pena de 31 años seis días de prisión y dos mil 600 días multa, equivalente a 147 mil 420 pesos.
Asimismo, contra Sergio Rosales, por su plena responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada hipótesis de trata de personas; trata de personas y corrupción de menores, imponiéndole la pena de 25 años de prisión y una multa de dos mil 800 días, equivalente a 158 mil 760 pesos.
JLMR
