La Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) puso punto final a las pretensiones del ex comisario de la extinta Policía Federal (PF), Javier Herrera Valles, quien reclamaba la responsabilidad patrimonial del Estado por 70 millones 637 mil 570 pesos, tras su detención y encarcelamiento.
Lo anterior derivó por la denuncia que hizo en su momento contra el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
Por unanimidad, la Sala avaló el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso negar la protección de la justicia.
Javier Herrera ha señalado que su detención y encarcelamiento tuvo su origen por las denuncias que realizó contra García Luna, hoy preso en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.
En el proyecto, el ministro deja claro que no cuestiona las afirmaciones del ex mando policial, pero puntualiza que en este caso la Fiscalía General de la República (FGR) no incurrió en una actividad administrativa irregular.
En el expediente, se cita la Recomendación 30/2011, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se solicita que se repare el daño ocasionado a Javier Herrera por medio del apoyo psicológico y de rehabilitación necesarios.
Empero, el ministro enfatiza que dicha recomendación estaba encaminada a Genaro García Luna, en relación con el personal bajo su cargo, “más no estaba dirigida a la (entonces) Procuraduría General de la República ni hace alguna recomendación respecto de los servidores públicos adscritos a ella”.
“…toda vez que la narración de los hechos, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apuntan a que los daños físicos que podrían actualizar una actividad administrativa irregular serían imputables a los agentes de policía y, por tanto, a la SSPF y no así a la PGR”, detalla el proyecto.
El ex comisionado también reclamó que no se tomó en cuenta que fue exhibido como colaborador de la delincuencia ante los medios de comunicación y que la PGR proporcionó la información.
“…el quejoso acudió a diversos medios de comunicación para proteger su integridad ante los supuestos abusos cometidos en su contra. Esto es, la PGR no fue quien lo presentó ante los medios de comunicación, sino que él acudió ante ellos por así convenirlo a sus intereses. Por ello es claro que ese concepto de violación es infundado”, indica el proyecto aprobado
El año pasado, el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México pidió atraer el asunto porque reunía los requisitos de “interés y trascendencia” para que la Corte se pronuncie sobre el tema de reparación integral del daño frente a violaciones graves de derechos humanos, donde está de por medio una resolución de la CIDH.
Herrera Valles impugnó la resolución dictada el 16 de junio de 2022, por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la cual reconoció la validez del pronunciamiento dictado el 16 de abril de 2019 por la directora general de Asuntos Jurídicos de la FGR en el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado que concluyó que las pruebas ofrecidas eran insuficientes.
Cabe señalar que, el 5 de septiembre de 2014, el ex comisario presentó un escrito en la PGR donde reclamó la responsabilidad patrimonial del Estado, derivado de la detención ilegal que lo llevó a un arraigo en 2008, así como del maltrato en custodia, deficiencias y demoras en el proceso penal que culminó con la sentencia condenatoria de 23 de diciembre de 2011 y que fue revocada el 6 de septiembre de 2012, donde fue exonerado porque se utilizaron testimonios falsos.
ksh
