Un juez federal del Reclusorio Oriente ordenó la vinculación a proceso del médico cardiólogo José Alfredo Merino Rajme, exdirector del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, por presuntamente haber participado en una operación a través de la cual se asignaron contratos a la empresa fantasma Interacción Biomédica.
Biomédica es una compañía fachada que las autoridades han identificado como una de las receptoras más importantes de recursos públicos, sobre todo en los últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que, a su vez, está conectada con otras compañías y prestanombre, a través de las cuales se habrían lavado recursos millonarios.
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Autoridades judiciales informaron a MILENIO que, en una audiencia realizada el 25 de junio, el juzgador determinó que había elementos suficientes para presumir la responsabilidad de Merino Rajme en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por lo que dio luz verde al proceso y dio un plazo de tres meses más para que concluyan las investigaciones.
Tras vincularlo a proceso, el juez determinó que, al menos durante el tiempo en que dure la investigación complementaria y el eventual juicio, Merino Rajme no puede salir del país y debe presentarse periódicamente a firmar un registro.
Los cargos fueron presentados por la Fiscalía especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la Fiscalía General de la República (FGR), quien desde hace seis años indaga estos hechos. Por este mismo caso ya fue procesado el exsecretario de Administración del ISSSTE y del Instituto Politécnico Nacional, Javier Tapia Santoyo.
De acuerdo con la línea de investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en enero de 2018, cuando Merino Rajme se desempeñaba como director heneral del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, cargo que mantendría por lo menos hasta el 2021.
Según lo establecido en la carpeta de investigación número FED/FECC/UNAI-CDMX/0000530/2019, el ahora procesado dio su aval para la adjudicación de tres contratos a la empresa Interacción Biomédica S.A. de C.V. por la compra de diversos insumos médicos. Todo ello por un monto de 11 millones 147 mil pesos.
Lo anterior pese a que al momento en que ocurrió la contratación Interacción Biomédica ya había sido identificada como una empresa simuladora de operaciones (EFOS) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) e incluida en el listado definitivo de ese tipo de compañías. Para las autoridades fiscales, era una compañía sin los recursos humanos ni materiales para llevar a cabo los supuestos servicios o actividades que facturaba.
En 2019, los hechos fueron denunciados ante la FGR y se inició la carpeta de investigación ya mencionada por posibles delitos de corrupción. Pese a ello José Alfredo Merino Rajme se mantuvo en la dirección general del referido hospital —el más grande de todos los centros de salud del ISSSTE— hasta noviembre de 2022 cuando presentó su renuncia. Tras ese periodo, ha seguido laborando en el ISSSTE como médico cardiólogo cirujano.
Biomédica, el clan fantasma
Con la vinculación a proceso de José Alfredo Merino Rajme, ya suman cinco las personas que enfrentan cargos ante tribunales por estos hechos. En marzo, fue procesado Javier Tapia Santoyo, considerado pieza clave en el entramado delictivo y uno de los principales beneficiarios.
Los otros procesados son María Dolores Arellano Sesmas y Rodrigo Alberto Rodríguez Briceño, también exfuncionarios del ISSSTE y de otras dependencias federales, y Cecilia Guadalupe Orta Sosa, administradora única de Interacción Biomédica.
Según indagatorias independientes y periodísticas, Biomédica es una empresa fantasma que durante varios años acumuló contratos por un monto que supera los mil 600 millones de pesos; la mayoría, asignados en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto tanto a nivel federal como estatal, pero los recursos continuaron llegando a esa empresa aun en el sexenio del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.
Una investigación realizada por la organización no gubernamental TOJIL, denominada “Clan Biomédica”, documentó que esta empresa está conectada con una amplia red de más de 80 compañías, varias de ellas también simuladoras de operaciones, a las cuales habrían llegado más de 3 mil 600 millones de pesos de múltiples dependencias de salud y de otros ramos.
La FGR a través de la FEMCC mantiene en curso otras carpetas de investigación relacionadas con estos hechos que, según las autoridades ministeriales consultadas, podrían ser judicializadas en lo que resta del año.
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