Presos realizan tareas que corresponden a las autoridades en 31 cárceles estatales que albergan a más de 54 mil personas, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó condiciones de autogobierno o cogobierno, principalmente en Hidalgo, Sonora y Ciudad de México.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 identificó esta problemática en 11.9 por ciento de los 261 establecimientos estatales visitados, con presencia en 14 entidades y casos que incluyen los reclusorios de la capital y el penal de El Amate, en Chiapas.
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Así es la vida dentro de las cárceles
La Comisión ubicó esta situación entre los problemas estructurales que afectan la vida dentro de las cárceles, junto con la sobrepoblación y el hacinamiento, por sus consecuencias en el acceso a servicios básicos, la seguridad, el contacto con el exterior y las posibilidades de reinserción social.
“El resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, nos indica la existencia de una de las problemáticas más complejas que se observaron en 31 de los 261 centros penitenciarios supervisados, donde las personas privadas de la libertad realizan o participan en actividades propias de la autoridad”, señala el documento.
En un discurso difundido por redes sociales, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, señaló que es importante trabajar en la calidad y gratuidad de los penales; así como en “garantizar la suficiencia de personal en seguridad y custodia y el combate a la corrupción y a las extorsiones, así como a la permisibilidad del autogobierno y cogobierno”.
Hidalgo concentró ocho cárceles con estas condiciones, el mayor número del país, entre ellos los centros de Actopan, Apan, Ixmiquilpan y La Huasteca Hidalguense, además de Molango, Tenango de Doria, Tula de Allende y el Centro Femenil de Reincersión Social de Pachuca.
La problemática alcanzó a ocho de los 13 penales hidalguenses supervisados y donde se ubican 4 mil 562 presos, por lo que en esa entidad la participación de internos en funciones de autoridad estuvo presente en más de la mitad de los establecimientos evaluados.
En Sonora, la CNDH encontró estas condiciones en los centros de readaptación social de Ciudad Obregón, Guaymas, Huatabampo, Navojoa y Hermosillo, donde están presos 8 mil 566 presos. De esta manera, cinco de los 13 penales estudiados registraron problemas de autogobierno o cogobierno.
Uno de los casos más llamativos se da en la capital del país, donde la CNDH señaló que los presos ejercen funciones de autoridades en la Penitenciaría de la Ciudad de México y en los reclusorios preventivos varoniles Norte, Oriente y Sur.
Al revisar el total de presos en esos cuatro centros se da cuenta de que suman 21 mil 021 reos, lo que representa el 79 por ciento de la población total de las 13 penitenciarías estudiadas en el informe.
Por su parte, el Estado de México registró dos casos, en los centros de Ecatepec y Zumpango, ambos incluidos también entre los penales con sobrepoblación, mientras que en Nayarit se identificaron condiciones de autogobierno o cogobierno en Bucerías y Venustiano Carranza. Tabasco registró autogobierno o cogobierno en el Centro de Reinserción Social de Huimanguillo y el del Estado de Tabasco.
Lugares donde se ha detectado la problemática
De acuerdo con el informe, la Ciudad de México, Hidalgo, Sonora, Estado de México, Nayarit y Tabasco concentran 23 de los 31 penales señalados por la Comisión. Los ocho restantes se distribuyeron en Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Además de la participación de internos en funciones de autoridad, la supervisión detectó actividades ilícitas en 106 cárceles estatales y cobros relacionados con extorsión y sobornos en ocho, aunque estos indicadores corresponden a registros distintos y no necesariamente a los mismos establecimientos.
Alertan por hacinamiento en cárceles mexicanas
Por otra parte, la CNDH alertó por la sobrepoblación y el hacinamiento persisten en casi la mitad de las cárceles estatales. Rosario Piedra Ibarra advirtió que ambas condiciones forman una “fórmula peligrosa” para la integridad y la salud mental de los presos.
Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, la funcionaria llamó a las autoridades a atender problemas que se repiten año tras año y cuestionó que la modernización de los establecimientos no se traduzca en una mejor atención para las personas recluidas.
“El Diagnóstico identificó que persiste el problema de la sobrepoblación en 129 centros estatales, equivalente al 49.4% de los supervisados y el hacinamiento en 124 centros visitados, que representa el 47.5 por ciento.
“Fórmula peligrosa de factores que vulnera el derecho a una estancia digna y coloca a las personas privadas de la libertad ante diversos factores de riesgo que impactan su integridad y su salud mental”.
El informe incluyó visitas a 278 establecimientos de las 32 entidades, de los cuales 261 son estatales, 14 federales y tres prisiones militares, con una revisión de las condiciones de seguridad, estancia, gobernabilidad y reinserción social.
A la sobrepoblación y hacinamiento se suma la falta de personal de seguridad y custodia en nueve de cada diez cárceles estatales evaluadas, pues 241 establecimientos presentaron esa carencia, mientras que 243 tuvieron programas insuficientes para prevenir y atender incidentes violentos.
La atención médica también figura entre las principales deficiencias, al registrarse fallas en los servicios de salud de 201 penales estatales, equivalentes a 77 por ciento de los visitados, por lo que el problema alcanza a más de tres de cada cuatro establecimientos.
Sin embargo, la irregularidad más extendida fue la clasificación inadecuada de las personas privadas de la libertad, identificada en 258 centros estatales, mientras que en 235 se detectaron deficiencias para separar a quienes están sujetos a proceso de quienes ya recibieron sentencia.
“Lo anterior debe llamar especialmente la atención de las autoridades responsables, dado que para el 2025 se alertó sobre la persistencia y la deficiencia y las áreas de oportunidad que siguen sin ser atendidas oportunamente y que son reiteradas año tras año”, sostuvo.
Sobrepoblación en cárceles federales
En las cárceles federales, la falta de personal de seguridad alcanzó a 13 de los 14 centros revisados, mientras que en todos se encontraron vías insuficientes para remitir quejas por probables violaciones a los derechos humanos.
Respecto de las calificaciones estatales, Baja California Sur obtuvo la más baja, con 4.37, seguida de Nayarit, con 4.38, e Hidalgo, con 4.50, mientras que Nuevo León alcanzó la más alta, con 7.02, según los cuadros del diagnóstico.
La mayor calificación entre los establecimientos federales y militares correspondió a la prisión militar de Ciudad de México, con 8.26, aunque Piedra Ibarra subrayó que la evaluación tiene como propósito proteger los derechos de las personas recluidas.
“Los resultados que hoy se dan a conocer no atienden agendas políticas ni buscan ser una guía o antesala para el alcance de certificaciones que elaboren otras instituciones nacionales y/o extranjeras en la materia, las cuales son ajenas a los fines y objetivos de nuestro organismo autónomo”, afirmó.
La funcionaria pidió presupuestos que garanticen espacios dignos, reportar oportunamente cuando los penales excedan su capacidad y mantener programas de salud física y mental, además de una mayor participación de los directores en la atención de las necesidades de los internos.
RM
