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Jueves , 25.04.2019 / 23:54 Hoy

Presentan denuncia contra MP Federal

Tras presuntas irregularidades en el proceso para juzgar a cuatro hombres imputados por posesión de combustible.
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En la mira de la justicia se encuentra un agente del Ministerio Público de la federación que fue denunciada por presuntamente cometer delitos en contra de la administración de la justicia y graves violaciones a los derechos humanos en agravio de cuatro imputados por posesión de combustible.

Familiares de Francisco “N”, Diego Armando “N”, Felipe “N” y Salvador “N”, todos recluidos en el Penal Federal de Puente Grande, denunciaron que el Ministerio Público ha ignorado las pruebas presentadas por la defensa de los detenidos. 

Actualmente están vinculados a proceso bajo la causa penal 165/2018, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande Jalisco, por la supuesta posesión ilícita de hidrocarburo, pero la agente del Ministerio Público de la Federación titular de la agencia vigésima tercera, Erika Lizeth Ramírez Topete, ha negado dar acceso a la carpeta de investigación a los abogados y por el contrario ha escondido más de mil 300 hojas que obran en la carpeta de investigación FED/JAL/GDL/0000996/2018. 

Una de las inconformes es Mónica Anahí Trejo, esposa de Francisco Everardo “N”. Entrevistada por MILENIO JALISCO la mujer señaló que su pareja fue aprehendida el 4 de marzo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 

“Injustamente, lo cual los jueces no nos han querido desahogar audiencias y pruebas ya que también mi esposo junto con otras personas, fueron golpeadas y torturadas por los policías federales e incluso amenazados, pero a los jueces de distrito no les ha importado”. 

Nayeli Angélica Sánchez, es pareja sentimental de uno de los presos, aseguró que su marido es inocente, que lo están acusando de manejar el camión cargado con combustible cuando él no iba dentro de la unidad. 

“Los federales dijeron que supuestamente mi marido estaba manejando un camión con gasolina cuando eso nunca ocurrió, a él lo agarraron en otra parte y se lo llevaron a un terreno y dijeron que él estaba durante el operativo ya hemos demostrado a los jueces y Ministerios Públicos que los federales están mintiendo ya les dimos videos, fotografías y testigos, pero no nos quieren tomar en cuenta, pido que se haga justicia que mi marido no esté pagando injustamente desde la cárcel sin su familia”. 

Elizabeth Mercado, quien es esposa de otro de los implicados, expresó que “es lógico que no se está haciendo ninguna justicia, pues para empezar los detienen a las 13:00 horas y la última llamada que realicé con nuestro familiar fue a las 12:52 horas del 04 de marzo de 2018, y los policías federales informan que en realidad los detuvieron a las 16:00 horas, existen videos y testigos que las patrullas llegaron antes y los jueces y el MP hicieron mal las cosas porque hicieron una violación más al debido proceso y lo único que pedimos es que se haga justicia, hemos demostrado en estas diversas audiencias las cuales son inocentes pero no se ha hecho ninguna justicia y no es posible que a ellos los tengan privados de su libertad y tienen familia e hijos”. 

La defensa de los ahora privados de su libertad presentó la denuncia ante la delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República bajo la carpeta de investigación FED/JAL/ GDL/ 6882/2018, por el actuar de la representante social, además que se detectó dentro de la causa penal que existen dos informes policiales homologados donde se alteraron los hechos de cómo fue la captura de los ahora vinculados. 

Esto derivó que se presentara una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del Juez de Distrito Carlos Ariel Lim Aguirre, y Alan Güereña Leyva, con el número 1822/2018-4, el primero se negó a aceptar videos y fotografías ofrecidas por los abogados privados y el defensor público, además de obsequiar una orden de cateo bajo el número técnico de investigación 40/2018. 

En tanto que el segundo impartidor de justicia en la queja se señala que ha puesto trabas a los defensores no otorgando el derecho a una adecuada defensa y los quejosos consideran que se tienen violaciones graves a los derechos humanos de los imputados.

GPE

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