La última vez que la michoacana Gabriela Ordóñez vio a su hijo Pedro con vida estaba rodeado de brillos y luces, pero no era el fulgor juvenil de sus 19 años sino los destellos de torretas y lámparas que los policías en Fullerton, California, proyectaban sobre su camisa blanca.
No importó que Pedro y su misma familia misma hubieran llamado a las autoridades: los uniformados ya lo habían sentenciado cuando le apuntaron con sus armas largas.
“Yo grité en ese momento muy fuerte en español e inglés: ¡‘No disparen, no trae nada, no disparen!’”, detalló a MILENIO la madre durante una pausa el día del funeral.
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Gabriela Ordóñez lleva en su pecho el rostro de su muchacho asesinado el 15 de marzo, cuando ella lanzó aquel aullido de advertencia infructuosa al ver descender de la patrulla a los agentes.
Su hijo menor los había llamado debido a que un hombre armado con una navaja amenazaba a su familia alrededor de su domicilio y, en cambio, los policías de Fullerton soltaron los balazos al por mayor: 20 tiros impactaron en el cuerpo del muchacho y otros 10 quedaron regados afuera de su casa.
Pedro García se convirtió aquella noche en el latino número 34 asesinado por una autoridad de la policía de Estados Unidos, según el recuento de la organización civil sin fines de lucro Mapping Police Violence (MPV), que cuenta con una de las bases de datos más completas en el país.
MPV documentó que entre enero y marzo de 2025 cada dos días policías asesinaron a por lo menos una persona de la comunidad latina, principalmente mexicanos, con una edad promedio de 35 años. Después de Pedro, siguieron cinco más a lo largo de ese mes.
Los estados con mayor incidencia en este tipo de muertes son California (con 14 casos), Texas (cinco) y Arizona (tres); los demás están dispersos en otros estados, incluso en condados donde anteriormente no existían casos en una tendencia al alza que viene desde el año pasado.
“La policía mató a más personas en 2024 que en cualquier otro año en la última década”, enfatiza https://mappingpoliceviolence.us/ en su página web. La policía ya mató a 287 personas tan sólo en los primeros tres meses de 2025, y al menos a mil 260 personas el año anterior”.
Según el monitoreo, la mayoría de las muertes suceden a partir de denuncias de crímenes violentos, problemas domésticos, controles de crisis de salud mental, paradas de tráfico, y otras ofensas no violentas.
Aunque reconoce que en muchas ocasiones el asesinado actuó de tal forma que no hubo más opción, se calcula que pudo preservarse la vida, si no hubiera un sesgo racista.
“Al huir, las personas negras o mestizas (latinas) tienen tres veces más posibilidades de ser abatidos que blancos y asiáticos”.
Según registros de la organización Campaign Zero, en 2013 hubo 177 muertes de latinos a manos de policías en Estados Unidos. Los casos letales fueron creciendo paulatinamente con picos como el del año 2023, cuando sucedieron 246 decesos violentos de personas de origen latinoamericano.
Si comparamos el número de muertes entre aquel 2013 y el 2024, el aumento de casos que involucraron a policías y gente asesinada de origen latino es notable: más de 35 por ciento en poco más de una década.
Abuso extremo de la fuerza
Activistas y abogados que atienden este fenómeno culpan al ambiente antiinmigrante. Luis Carrillo, fundador del despacho Carrillo Law Firm, con seis abogados especializado en derechos civiles, dice que es hora de llamar a los hechos por su nombre y reconocer que Donald Trump “no quiere a los mexicanos”.
“Ese veneno que el actual presidente escupe contra los migrantes latinos está contagiando a las fuerzas policiales para que disparen a lo loco”, señala en entrevista con este diario.
Prueba de ello son los 34 casos que ha representado en los últimos años en California, de los cuales ha ganado el 95 por ciento de los juicios al demostrar el abuso de la fuerza en contra de personas con este perfil.
Ahora, Carrillo va con todo para defender a Gabriela Ordóñez en su búsqueda de justicia por la muerte de su hijo.
Las luces que apuntaban a Pedro García la noche de su muerte lo delataban como un latino con las manos arriba, que no trataba de huir sino más bien como un cervatillo sorprendido. Así lo vio su madre, a tres metros de distancia.
Gabriela dice que al tiempo que ella vociferaba que su muchacho no estaba armado, los tres policías –dos hombres y una mujer– no dejaban de disparar ni siquiera cuando quedó tendido sobre la banqueta, inerte.
“Hasta un americano les gritó que para qué tanto balazo si ya está tirado”.
El abogado Carrillo dice que, tal y como lo señala el protocolo, los uniformados debieron de usar al perro entrenado que los acompañaba para controlar al objetivo o pudieron hacer como en otros estados: llamar a una Unidad de Evaluación Mental para controlar al presunto sujeto peligroso. En cambio, apostaron por los disparos.
“Son asesinos que actúan sin pensar: si dispara uno, disparan todos”, acusa Carrillo.
Ahí, en Fullerton, no les importó que estuvieran presentes los hermanos de Pedro, dos niños de 12 y 14 años, ni otros parientes que habían asistido a la reunión familiar que terminó en la tragedia tras una discusión de la víctima con su padrastro ni los vecinos que salieron a husmear el alboroto.
Después de disparar acordonaron la zona, llamaron a colegas para que los relevaran en el lugar de los hechos a fin de indagar lo que ellos mismos habían hecho y acto seguido fueron a divulgar su versión a la prensa. La MPV compiló así tal versión:
“Un hombre llamó al 911 diciendo que su hermano había apuñalado a su padre con un cuchillo por lo que agentes llegaron al lugar y encontraron al hombre en la acera, fuera de la casa. Los agentes le dieron varias órdenes, pero no las cumplió. En un momento dado, el hombre se levantó bruscamente la camisa y sacó una pistola de perdigones. La policía le disparó y lo mató”.
El abogado Carrillo dice que están esperando a que les llegue el video que la policía estadunidense está obligada a realizar en los operativos para dejarlos en evidencia.
“Mienten, siempre mienten”, advierte.
Por eso empuja que además de la indemnización que se le da a los dolientes, los agentes deben de ser procesados legalmente.
“En el 99 por ciento de los casos no arrestan a los oficiales; los departamentos de la ciudad tapan y encubren. De vez en cuando arrestan a dos o tres oficiales”, describe el abogado que sabe cómo las policías manejan este tipo de asuntos.
Vía libre a la mano dura
Horas después de su regreso a la Oficina Oval, el presidente Trump revocó una orden ejecutiva que buscaba "promover prácticas policiales y de justicia penal eficaces y responsables para mejorar la confianza pública y la seguridad pública a nivel federal" que él mismo defendió durante su primer mandato, y que consolidó el ex presidente Joe Biden.
Después de que el Senado no logró aprobar en 2021 un paquete bipartidista de reformas policiales, Biden las implementó por medio de orden ejecutiva en el segundo aniversario del asesinato de George Floyd, el afroamericano asesinado con una llave mortal por parte de un policía.
Entre otras cosas, permitía a la policía usar la fuerza sólo como último recurso. Limitaba cuándo podían entrar los agentes en un domicilio sin llamar a la puerta ni anunciarse y cuándo podía usar llaves de estrangulamiento. Exigía, además, el uso de cámaras en el uniforme para registrar los hechos.
También limitaba la transferencia y venta de equipo militar federal a las fuerzas del orden estatales y locales y exigió al Departamento de Justicia crear una base de datos nacional que mostraran malas conductas de la policía federal.
Inspirados en estas propuestas se empujaron leyes similares en los congresos estatales, muchas de las cuales siguen en vigencia y que cuando se acatan, dan buenas cuentas, porque en la mayoría de los eventos mortales se ha documentado que no se cumplió la normatividad.
Cuando se sigue la ley al pie de la letra, los resultados son tangibles, como en el caso de Massachussets, donde en los últimos 12 años disminuyó el número de muertos en 75 por ciento.
En ese estado se revocan automáticamente las certificaciones de los agentes cuando realizan arrestos falsos, o al crear o usar pruebas falsificadas, destruir pruebas, perpetrar un delito de odio o usar fuerza excesiva que resulte en muerte o lesiones corporales graves.
¿Por qué, entonces, a nivel federal Trump dio marcha atrás en enero pasado a esos frenos?
Stroud Hernández, investigador del Programa de Justicia del Centro Brennan de la Universidad de Nueva York, piensa que probablemente lo hizo para señalar un cambio radical en el rumbo de la administración de su predecesor. Quiso enviar un mensaje.
“Pero otra razón podría ser que, cuando Trump firmó su orden policial, el país aún se recuperaba del asesinato de Floyd y su administración sentía una enorme presión para actuar. Ahora hay menos presión”.
Vayan por los migrantes
Otra razón es el uso del lenguaje donde los 'chivos expiatorios' son los migrantes y hay que ir tras ellos, agrega Carmen Pérez, cofundadora de la Liga para la Justicia en Nueva York y California.
“Ahora mismo [los agentes y policías] simplemente van y disparan”, subraya en entrevista telefónica.
“La gente latina está viviendo su vida cotidiana y los oficiales de policía aparecen en un lugar, sacan su arma y disparan, atacan”, insiste la activista también presidenta de La Reunión por la Justicia.
Recuerda algunos nombres de quienes han sufrido la violencia extrema: Ernie Serrano, un mexicano que tuvo un colapso de salud mental en un supermercado bajo la influencia de metanfetaminas; Jesse Hernández, en Denver, Colorado, quien estaba en un auto con sus amigos a las 08:00 horas; Andrés Gallardo, en Los Ángeles, que trabajaba en un auto cuando el sheriff simplemente le disparó.
La lista 2025 de MPV revela otros casos turbios como el de Brian Padilla, de 36 años, asesinado por policías de Albuquerque, Nuevo México, quienes argumentaron que él tenía un arma antes del incidente, pero no aclararon si la usó o por qué le dispararon.
Dos meses atrás, el 6 de enero, también en Nuevo México, Jesús Rubio, de 28 años, murió a manos de la policía del condado de Hobbs. La versión de los agentes fue que lo siguieron cuando conducía un Dodge Charger color blanco y Rubio se negó a detenerse; cuando lo hizo, salió con la mano derecha en la espalda como si buscara un arma, pero nunca presentaron la evidencia.
Las fuerzas de la policía argumentan que actuaron de acuerdo con el marco legal que las rige y las víctimas no les dejaron otra opción más que disparar. Que lidian con borrachos, golpeadores, desequilibrados, ladrones, tránsfugas… y que por eso han ido sumando cada vez más actos trágicos.
La organización Campaign Zero analizó a detalle una década de muertes a manos de la policía entre 2013 y 2023 y contabilizó en ese periodo que del total de las 12 mil 621 víctimas alrededor el 22 por ciento eran latinos; esto es, alrededor de dos mil 776.
Las cifras de muertes según la etnia varían según el recuento de cada organización, pero coinciden en que hay un subregistro. Campaign Zero observa que esta falta de precisión se debe a que las agencias policiales utilizan métodos muy diferentes para rastrear a los latinos y a veces ni siquiera los registra.
Entre ellos, localizó a personas asesinadas por la policía que a pesar de que tenían apellidos españoles fueron clasificadas como de "raza desconocida", como ocurrió con Randall Gamboa, de 16 años, y Johnny Vigil, de 43 años. Ambos en Nuevo México.
La Liga para la Justicia en NY y California observa que algunos latinos son clasificados como blancos o negros o ni siquiera aparecen en los reportes periodísticos porque la familia es indocumentada y no denuncia por miedo.
“Sólo nos enteramos por redes sociales”, dice Carmen Pérez.
Gabriela Ordoñez no se quedó callada tras la muerte de su hijo. No únicamente por el agravio a la vida misma de Pedro, sino porque se siente traicionada: durante muchos años ha sido una defensora activa del quehacer policiaco a favor de las personas hasta el punto de dar capacitación en las primarias del condado de Orange a niños hispanos.
“Siempre había creído en la policía y yo iba a las escuelas primarias y les decía a los pequeños que si se sentían en peligro, no dudaran en llamarla”, dice entre lágrimas.
Precisamente fue su hijo más pequeño quien llamó a los agentes cuando vio que la discusión entre su padre y hermano subió de tono.
“En adelante voy a aconsejar lo contrario porque la policía nos está asesinando”, recrimina la dolorida mujer.
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