La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) investiga más casos de fraudes inmobiliarios en los que estafadores, servidores públicos y golpeadores despojan ilegalmente propiedades para luego venderlas.
Te recomendamos
Funcionarios capitalinos informaron que en estos momentos investigan una denuncia presentada por el empresario Luis Daniel García Ibarra, quien aseguró que tras comprar en 2017 un edificio en avenida Insurgentes, las mismas personas que se lo vendieron ahora se lo quieren quitar.
En la carpeta de investigación CI-FDF/T/UI-1/S/D/7/00215/03-2018-B2 ante la Fiscalía de Delitos Financieros, se indica que la existencia de una red dedicada a cometer fraudes y despojos en diversas partes del país, en la que se involucra a particulares y presuntos servidores públicos.
Según la denuncia y funcionarios consultados, la red de defraudadores es encabezada por Jesús Alberto Ramírez Trejo y su esposa Elizabeth Munray
Hernández, a quienes se les responsabiliza de fraudes y de venta de predios obtenidos de manera ilegal.
Policías y golpeadores involucrados
La denuncia, a la cual MILENIO tuvo acceso, menciona que esta pareja cuenta con el apoyo de grupos de golpeadores, entre ellos Felipe Rivera Martínez y Jaime Antonio Huerta Ramírez, El Cariperro; el primero de ellos cuenta con antecedentes penales y una sentencia de 14 años de prisión en el Estado de México, además de que se menciona que el grupo también esta asistido por policías de la Ciudad de México y un servidor público federal.
Ramírez Trejo fue denunciado en el Estado de México por el apoderado legal del Banco Scotiabank por un predio despojado denominado Las Peñitas, en Lomas Verdes.
Al respecto, el abogado Alberto Torres de Ita, acusó que Jesús Alberto Ramírez ha pretendido engañar a las autoridades al presentar denuncias contra quienes lo señalan como el líder de la banda criminal, entre ellos al mismo empresario García Ibarra, pero éstas no han prosperado.
Te recomendamos
Otra de las personas mencionadas en la carpeta de investigación como presunto responsable es Alfredo Ruiz Sánchez, de quien se afirma es un servidor público federal con antecedentes penales por lesiones dolosas y portación de arma de fuego sin licencia, de acuerdo con la causa penal 308/2011 derivada del expediente CQR/UI/PGE/TEN/05/252/2011 radicado en Quintana Roo.
En la carpeta de investigación QUE/UI/FGE/935/10/2014, se le acusó por el delito de extorsión en dicha entidad, denuncia presentada por el representante legal del empresario afectado por el fraude e intento de despojo.
Por lo que hace a Elizabeth Munray, esposa de Ramírez Trejo, de quien se señala cuenta con carpetas de investigación en Sonora y se le relaciona con una persona identificada como Rodrigo Sánchez, a quien el abogado Alberto Torres de Ita señala en la denuncia como intermediario entre la señora Munray y el servidor público federal a quien usan como parte de su red para cometer los fraudes y despojos.
El representante legal de García Ibarra también ha manifestado a la autoridad falta de imparcialidad por parte de otro servidor público identificado como Gerardo Sánchez Hinojosa, personaje que utilizando su fuero ha intervenido a favor de la señora Munray Hernández, en sus falsas acusaciones.
En mayo, la PGJ realizó operativos para recuperar predios de personas que han sido defraudadas o despojadas, como fue el caso de un inmueble en el número 45 de la calle de Madero, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, el cual le fue despojado ilegalmente a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.
El 12 de marzo, un grupo de aproximadamente 80 personas desalojaron a los arrendatarios del inmueble con lujo de violencia, por lo que el dueño acudió al lugar donde le informaron que presuntamente se trataba de un lanzamiento ordenado por el juzgado 1 Civil de la Ciudad de México.
