Un juez federal otorgó un amparo que dejó sin efecto la decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal contra la empresa minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, que preside Germán Larrea, la cual fue denunciada como la responsable del mayor desastre ambiental en el país ocurrido en 2014 en Sonora.
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Hace unos días, el gobierno federal acusó a Grupo México de no cumplir con los compromisos por el derrame de sulfuro de cobre en el río Sonora, por lo que la empresa tiene un plazo de 15 días para contestar el emplazamiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Por su parte, la minera rechazó haber incumplido los compromisos asumidos para remediar el daño y señaló que los hallazgos de las investigaciones más recientes no deben servir para el conflicto o la proliferación de versiones infundadas.
Ahora, el juez decimotercero de distrito de amparo en materia penal con sede en Ciudad de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, otorgó un amparo a varios pobladores de Sonora y al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, para que se les reconozca como víctimas.
Lo anterior, porque impugnaron que el 27 de diciembre de 2017 y el 9 de julio de 2018 el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, autorizó en definitiva la propuesta de no ejercicio de la acción penal en las averiguaciones previas 1364/UEIDAPLE/DA/23/2014 y 1118/EUIDAPLE/DA/23/2014.
En la sentencia, dictada el 10 de diciembre de este año y de la cual se publicó un extracto, se establece que la representación social de la Federación deberá acumular las dos indagatorias y reconocer el carácter de víctima a los quejosos, “para que estén en aptitud de hacer valer lo que a su derecho convenga”.
En 2014, un depósito de sulfato de cobre acidulado se rompió y provocó el derrame de 40 mil metros cúbicos en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Después, Grupo México creó un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para reparar los daños ocasionados.
La demanda contra las empresas de Larrea fue presentada por Defensa Colectiva, Asociación Civil (que integra a campesinos y habitantes), agrupación que argumentó que dichas compañías ocasionaron un daño ecológico que afectó directamente el patrimonio de las personas que habitan los municipios de Arizpe, Banámichi, Aconchi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures e, indirectamente, a todos los mexicanos.
