Un juez federal concedió un amparo a una niña y cinco niños con condición del espectro autista y ordenó a las autoridades de Matehuala y del estado de San Luis Potosí garantizarles atención médica integral y prioritaria.
La sentencia establece que las autoridades deben gestionar diagnósticos y evaluaciones clínicas individuales, además de ofrecer gratuitamente tratamientos y terapias especializadas con la periodicidad que cada menor requiera.
También deberán cubrir los traslados de los menores y sus familiares a centros especializados en la capital del estado, así como el regreso a Matehuala, el cual se localiza a 192 kilómetros.
Diego Galeana Jiménez, juez Cuarto de Distrito en San Luis Potosí, señaló que se deben mantener de forma permanente los tratamientos y medicamentos que necesiten, sin interrupciones.
“De inmediato, garanticen con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la niña y los niños demandantes del amparo, por lo que deben proveer y ejecutar lo necesario para que cuenten de manera individual con un diagnóstico y una evaluación clínica precisa, emitida de manera gratuita por una institución especializada en atención a personas con la condición del espectro autista.
“Con base en lo anterior, provean y ejecuten lo indispensable para que se determine y se otorgue de manera gratuita a la niña y los niños quejosos el tratamiento adecuado, que incluya consultas clínicas y terapias de habilitación que brinden con la periodicidad necesaria una institución especializada en atención a personas con la condición del espectro autista…”, detalla parte de la sentencia.
El amparo fue promovido por los representantes legales de los seis menores, quienes señalaron que no contaban con diagnósticos precisos ni acceso suficiente a terapias y tratamientos especializados.
De igual manera, expusieron las dificultades para trasladarse a los centros estatales de atención.
Entre las autoridades señaladas y que deben acatar el fallo están el Ayuntamiento de Matehuala, el Hospital General, el Centro de Rehabilitación Integral del DIF, el IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud estatal.
Aunque las autoridades rechazaron haber incurrido en omisiones, el juez consideró insuficientes sus informes y determinó que no acreditaron el cumplimiento de sus obligaciones.
La resolución menciona que las autoridades deben coordinarse para brindar atención oportuna, regular y constante.
Asimismo, agrega que canalizar a los pacientes o colocarlos en listas de espera no basta si eso no garantiza el acceso efectivo a los servicios.
El juzgador también señaló que, si las autoridades municipales alegan falta de recursos, deberán demostrar que agotaron todas las vías posibles para cumplir el mandato.
La resolución vincula además a centros especializados del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) para que participen en la atención.
“Con independencia de lo anterior, realicen las gestiones necesarias para seguir proporcionando de forma oportuna, permanente y constante el tratamiento médico y medicamentos de calidad que en su caso requieran la niña y los niños quejosos, sin interrupciones, atendiendo a su estado de salud, así como a sus requerimientos médicos y clínicos”, enfatiza el fallo.
Autoridades impugnan
Es de mencionar que la sentencia favorable para los menores ya fue impugnada a través de un recurso de revisión que corresponderá estudiar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el cual ya admitió a trámite el recurso.
ROA
