Jesús González Peñuelas, El Chuy González, construyó desde Sinaloa una organización criminal que abasteció durante casi dos décadas de heroína, opio, metanfetaminas y fentanilo a distintas regiones de Estados Unidos, mantuvo vínculos con Rafael Caro Quintero y Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, y se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados por Washington, que ofrecía cinco millones de dólares por su captura.
El capo, de 56 años, fue reportado muerto durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina en la zona rural de Guasave, Sinaloa, donde había establecido una de sus principales bases de operaciones.
‘Chuy González’ traficaba heroína y fentanilo a EU
Su organización operaba principalmente en Sinaloa y Sonora, pero extendió sus redes de distribución a California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada, de acuerdo con investigaciones del Departamento de Justicia estadunidense.
Las autoridades de ese país identificaron a la organización González Peñuelas como una de las principales fuentes de abastecimiento de goma de opio y heroína del norte de México, que posteriormente amplió sus actividades al tráfico de fentanilo.
Según el Departamento del Tesoro, González Peñuelas encabezaba desde al menos 2007 una organización independiente dedicada a producir y distribuir metanfetaminas, mariguana y heroína.
La estructura también prestaba servicios de protección y control de rutas a otras organizaciones criminales, particularmente a grupos vinculados con El Chapo Isidro, uno de los principales herederos de la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Las autoridades estadunidenses documentaron que El Chuy González supervisaba varios laboratorios de procesamiento de heroína en Sinaloa y mantenía una red de proveedores de goma de opio que abastecían las instalaciones clandestinas.
Con el crecimiento del mercado de drogas sintéticas, la organización incorporó el tráfico de cocaína y pastillas M-30, tabletas falsificadas que contienen fentanilo y simulan medicamentos como la oxicodona.
¿Cómo operaba la red de ‘Chuy González’?
La estructura criminal funcionaba mediante una red familiar que distribuía responsabilidades entre la producción de amapola, protección de cargamentos, transporte de estupefacientes y comercialización de drogas.
Entre sus principales operadores figuraban sus hermanos Ignacio y Wilfrido González Peñuelas.
Ignacio fue identificado como uno de sus principales lugartenientes, encargado de proporcionar seguridad a los cargamentos de droga, mientras que Wilfrido operaba puntos de distribución de heroína y opio dentro del territorio controlado por la organización.
También aparecieron Efraín Mendívil Figueroa, señalado como distribuidor y coordinador del transporte de fentanilo, heroína, metanfetaminas y cocaína; Adelmo Núñez Molina, proveedor de goma de opio; y Raúl Payán Meraz, encargado de supervisar la producción de amapola.
La red incluyó a Juana Payán Meraz, identificada por las autoridades estadunidenses como colaboradora en actividades de narcotráfico.
El cerco contra González Peñuelas
La persecución judicial contra González Peñuelas comenzó formalmente el 27 de enero de 2017, cuando un gran jurado federal del Distrito Sur de California formuló una acusación por conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a su importación ilegal y conspiración para importar narcóticos.
Tres días después, un tribunal estadunidense expidió una orden de aprehensión que permaneció bajo reserva hasta mayo de 2021, cuando el Departamento de Justicia divulgó públicamente el expediente.
El proceso, identificado con el número 17CR00217-CAB, contemplaba una pena mínima obligatoria de diez años de prisión y una máxima de cadena perpetua, además de multas que podían alcanzar los diez millones de dólares.
En 2018, la Fiscalía Federal de Colorado también lo acusó de participar en una conspiración para fabricar y distribuir heroína y cocaína destinadas al mercado estadunidense.
Las investigaciones fueron desarrolladas por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y Homeland Security Investigations (HSI, por sus siglas en inglés), como parte de operaciones más amplias contra las redes vinculadas con Rafael Caro Quintero y la organización de los Beltrán Leyva.
El 12 de mayo de 2021, el Departamento del Tesoro incluyó a González Peñuelas y a seis de sus colaboradores en su lista de narcotraficantes especialmente designados, mediante la Ley Kingpin.
La medida permitió bloquear bienes e intereses patrimoniales sujetos a jurisdicción estadunidense y prohibir operaciones financieras con las personas sancionadas.
Entre las empresas señaladas apareció City Plaza, S.A. de C.V., una constructora establecida en Guasave que, según el Departamento del Tesoro, pertenecía a Efraín Mendívil Figueroa, uno de los operadores de la organización.
La inclusión de esa compañía reveló la existencia de una estructura empresarial vinculada con integrantes de la red criminal en el mismo municipio donde González Peñuelas mantenía su principal zona de influencia.
En enero de 2024, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera detenerlo o conseguir su condena.
La DEA habilitó mecanismos especiales para recibir información sobre su paradero y el de sus asociados.
La pinza estadunidense contra González Peñuelas se intensificó el 20 de mayo de 2026, cuando la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunciaron nuevas sanciones contra su red criminal, señalada por introducir drogas ilícitas a Estados Unidos y lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadunidenses atribuyeron a esa organización actividades de tráfico de fentanilo, una de las drogas que han provocado una crisis de sobredosis en ese país. Para entonces, González Peñuelas acumulaba dos acusaciones federales, presentadas en California en 2017 y Colorado en 2018, y permanecía prófugo de la justicia estadunidense.
La DEA mantenía activa una recompensa de hasta cinco millones de dólares, anunciada en enero de 2024, además de una línea especial para recibir información que condujera a su detención. Las sanciones financieras buscaban impedir que el narcotraficante y sus operadores utilizaran el sistema financiero estadunidense para movilizar recursos provenientes del tráfico de drogas.
En esa ocasión, Washington lo identificó como dirigente de una organización dedicada al tráfico de drogas y al lavado de recursos para el Cártel de Sinaloa.
El expediente señaló a Cástulo Bojórquez Chaparro como colaborador cercano de González Peñuelas en la producción y distribución de estupefacientes.
También identificó a Fredi Ismael García Sandoval y al propio Bojórquez Chaparro como operadores que utilizaban negocios mexicanos para lavar ganancias del narcotráfico.
Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar fueron señalados como responsables de supervisar operaciones financieras y trasladar grandes cantidades de efectivo desde Estados Unidos hacia México.
Noé de Jesús Castro Rocha apareció como un colaborador de larga trayectoria, encargado de traficar cocaína y heroína hacia territorio estadunidense.
La acción fue coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera de México y representó un nuevo intento por desarticular las fuentes de financiamiento de la organización.
Cinco meses después de aquellas sanciones, González Peñuelas fue reportado muerto durante un enfrentamiento con marinos en Guasave, la región donde había construido su estructura de producción, protección y tráfico de drogas durante casi veinte años, según los expedientes.
ROA
