DOMINGA.– En la frontera entre Colima y Jalisco, donde termina el monte y empieza la mina Peña Colorada, el viento arrastra polvo. Se camina entre brechas reventadas por el agua, piedras sueltas como dientes de anciano, alambre oxidado que corta el paso. La moto avanza como si masticara el camino. No sirve el GPS, no hay red, no hay horario. Sólo una ruta que a veces se convierte en barranco y otras en camino sin salida.
Este viaje cruza la sierra: montañas dinamitadas, bosques fragmentados, comunidades que aprendieron a no preguntar. La moto permite esquivar derrumbes, cruzar brechas erosionadas y alcanzar comunidades a donde los periodistas rara vez llegan. Entre piedras, polvo y pendientes, cada curva es una apuesta: uno avanza porque en el camino, donde nadie debería estar, siempre hay alguien esperando.
Es Jueves Santo. El único misterio en la Sierra de Manantlán es el autobús: si llega, a qué hora, si regresa. A la entrada del ejido Ayotitlán una mujer y su hija aguardan el autobús sobre una brecha de tierra junto a dos piedras volcánicas. Uno va a Telcruz y el otro a Cuautitlán de García Barragán, dice la madre, sin despegar la vista del camino. A veces se retrasa, se va directo o ya no vuelve.
“Si no hay paso por derrumbes, no sube nadie”, dice. Aquel autobús trae arroz, papel, jabón, medicina si hay suerte. Para muchas familias de la Sierra de Manantlán, es el único vínculo tangible con el resto del país.
En el Occidente de México, comunidades indígenas nahuas reclaman desde 2006 el agua que la minería consume sin registro, las tierras que las concesiones se tragaron sin consulta y los muertos que nadie investiga. El núcleo agrario de Ayotitlán permanece atrapado en una contradicción jurídica y territorial que nadie logra resolver.
Desde 1975, más de 38 mil hectáreas fueron reconocidas como propiedad comunal indígena nahua mediante resolución presidencial. Sin embargo, acusa la comunidad que, desde hace décadas, partes sustanciales de ese territorio han sido ocupadas por actores externos sin título legítimo –empresas mineras, ganaderas, agroindustriales– y una operación extractiva que ha carecido de consentimiento previo, libre e informado, como exige el Convenio 169 de la OIT, ratificado por México desde 1990.
El conflicto ha escalado de lo administrativo a lo criminal. Al menos seis líderes comunitarios y defensores de Ayotitlán han sido asesinados, desaparecidos o atacados en los últimos años tras denunciar la expansión de la minería ilegal fuera de los márgenes oficiales. Aquí mandan los grupos armados vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Como el caso de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca, que desaparecieron el 15 de enero de 2023 luego de participar en una asamblea agraria sobre los predios en conflicto. Aunque hallaron la camioneta en que viajaban con impactos de bala, las autoridades no han ofrecido una versión pública creíble ni han imputado responsables.
A estos hechos se sumó, en noviembre de 2023, el asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, tras oponerse a nuevas incursiones en el paraje conocido como Paticajo.
La última vez que su esposa lo vio con vida fue cuando entró a la presidencia municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, el viernes 24 de noviembre de 2023. No hay registro oficial de su ingreso. Tampoco de su salida. Testigos aseguran que unos policías lo sacaron por la puerta trasera. Al día siguiente lo encontraron muerto: un disparo, huellas de tortura, el cuerpo abandonado cerca del puente Arroyo Hondo, en el ejido Ayotitlán, Colima.
Cuarenta y seis días después, la Fiscalía de Jalisco anunció la detención de José Juan A., alias El Charras, quien se desempeñó como comisariado ejidal entre 2019 y 2021. Lo acusaron de homicidio calificado. María Hermenegildo Roblada, esposa de Higinio –quien lo acompañaba– sobrevivió. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la reconoce como “la principal testigo de la desaparición y muerte de su esposo”. Desde entonces, busca justicia y la intervención del gobierno federal, mientras vive bajo amenaza.
Todos saben quién manda
Sobre la loma de Ayotitlán relucen los tejados de lámina como espejos deformes. Los tinacos que recibieron por donativo. Lo que más escasea es el agua. “La ocupamos en todo. Aquí no hay red, ni pozo, ni nada. Tenemos muchas necesidades”, dice la madre, con vestido azul manto, parecido al que la virgen viste esta semana.
En el centro de salud de Ayotitlán, hay médico pero sólo por las mañanas. Y sin materiales. Sin medicinas. Por la tarde no hay nadie, y en la noche es cuando más se ocupa. ¿De qué sirve que esté adentro si no hay nada? La lista de emergencias es inconmensurable: picaduras de alacrán, partos, fiebre. Todo se vuelve difícil.
—Uno no sabe lo que le viene adelante —dice la madre que espera el autobús.
La hija acomoda la bolsa. Habla del trabajo, del campo, del maíz y el frijol.
—Nos dedicamos a lo que haya. Si hay camiones pa’l jitomate, allá se van. Muchos hombres ya no regresan. Se van y se pierden del otro lado [Estados Unidos].
Higinio Trinidad de la Cruz ya había sido víctima de un secuestro en 2022. Un grupo armado lo retuvo durante horas, lo interrogó y lo liberó. Pese a las amenazas, continuó denunciando públicamente la devastación provocada por la minería en Peña Colorada, como documenta la resolución 11/2024 de la CIDH.
—¿Sabe si por aquí encuentro a la señora María Hermenegildo? —pregunto pero la mujer calla. Mira al frente como si no hubiera escuchado. La hija baja la vista.
—La esposa de Higinio… —dice al fin—. Pero no la va a encontrar. Quién sabe dónde. Mejor ni ande diciendo que la anda buscando.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco documentó los casos en su informe ambiental “Reserva de la Biosfera de Manantlán”. Entre 2020 y 2025, al menos media docena personas fueron asesinadas en esta región por participar en procesos de defensa territorial. También decenas de amenazas, desapariciones y denuncias de minería ilegal. En Ayotitlán no hay duda de quién mata.
Según la CIDH, entre 2020 y 2023, fueron asesinados al menos cinco defensores: Rogelio Rosales Ramos (hijo de J. Santos Rosales Contreras), Salvador Cipriano Padilla, Benjamín Ramos Cipriano, Santos Ignacio Chávez e Higinio Trinidad de la Cruz. Otros trece líderes comunitarios han sido amenazados, perseguidos o secuestrados por grupos armados vinculados al CJNG, con la complicidad directa de autoridades ejidales y funcionarios locales, señalan integrantes afectados por la mina.
En Cuautitlán, las denuncias brotan con la misma facilidad que el hierro en el monte. “Los del ejido están aliados con el crimen organizado”, suelta C. y lo dice tan natural como quien anuncia que va a llover. Continúa: “Si me escucharan hablando de esto, me tumbarían. No les conviene”. El silencio se asienta como niebla. Hay deriva en C. Hay cansancio de haber remado contra corriente demasiado tiempo.
—Aquí el problema es el ejido —cuenta—. El ejido es el que renta sin consultarnos, el que renta sin darnos a nosotros ninguna justa retribución.
En Ayotitlán, el control del territorio opera a través de una paz estable entre las empresas mineras, el comisariado ejidal y el crimen organizado.
A. ubica la cúspide de ese esquema en una casa de Casimiro Castillo, al sur de Jalisco. Ahí, dice, está “meramente el patrón”, la persona que, según él, manda sobre “todo lo que es Manzanillo, Zihuatlán, La Huerta, Casimiro Castillo y Ayotitlán”. Ese patrón tiene “líderes en Tequesquitlán y Cuautitlán” y una estructura de cobradores: “Te manda llamar… para que le bajes una rayita o te vas pa’ bajo”. Ese mando, afirma, ya no se limita a la sierra. “Casimiro está ahí cerca de Cuautitlán. Entonces ahí toda la policía está bien billeteada, pero esa es la delincuencia organizada”.
Casimiro Castillo quedó como uno de los últimos bastiones del CJNG tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. El 23 de febrero autoridades estatales reportaron la apertura de una zanja y la quema de vehículos sobre la Carretera Federal 80, lo que dejó incomunicado el tramo que conecta con Autlán.
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La colusión que describe no excluye ningún uniforme. A la pregunta expresa de si la categoría “delincuencia organizada” incluye a policías estatales y municipales, C. responde: “todos, todos en general”. Y lo aterriza en un caso concreto: el de un comunero que había interpuesto un amparo contra la mina. Según su relato, “ellos fueron los que hicieron el trabajo… le pusieron guardia para subirlo a la patrulla y traerlo pa’ que se desistiera del amparo. Ellos mismos lo trajeron en una camioneta de la delincuencia organizada hasta el tribunal agrario…”.
C. sostiene que esa operación no fue iniciativa aislada de un grupo armado, sino resultado de una orden directa “del comisariado ejidal a la delincuencia organizada” y de un pago acordado por el “comité regional”. Lo resume en una línea: “el comité regional le pagó un buen billete para que se lo llevaran… Lo amenazaron a él con todo y su familia, con todo, todo, para que se desistiera”.
Durante la campaña de 2020 para renovar el comisariado ejidal, comuneros relatan que recibieron un aviso previo al voto: “Hagan la campaña como quieran, pero el que va a ganar es nuestro candidato”. El “nuestro” se atribuye a una fracción armada que opera como árbitro de la política interna. Esto coincide, dice C., con la decisión de mantener intransitable la vía que conecta Cuautitlán con las comunidades altas: “Ahorita es puro a caballo, si llevamos una camioneta, nos quedamos atascados ahí. Para ellos es mejor porque así no entra el gobierno de volada”.
En la frontera entre Jalisco y Colima, la palabra “amenaza” deja de ser abstracta y se vuelve rutina. C. lo formula así: “la gente que andamos en esto estamos amenazados”. Explica que los halcones “no se tientan el cuero para venadearte”, que no confrontan de frente sino “por la espalda”, que eso mantiene a una parte importante del ejido “asustona”, sentada “para atrás” porque “no hay base de apoyo” cuando llega la delincuencia. Nadie se atreve a nombrarlos pero todos saben quién manda.
Algunos comuneros aseguran que ya no es sólo el narco, sino una maquinaria donde se cruzan intereses mineros, políticos y criminales. Otros comuneros, insisten en que el narco opera como brazo armado de empresas que buscan apropiarse del territorio.
La violencia, sin embargo, no es una excepción. En México, al 30 de abril de 2026, el gobierno federal reporta 133 mil 560 personas desaparecidas, según indica el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Muchas de esas ausencias se concentran en regiones donde el subsuelo vale más que la vida.
La tierra se explota sin pausa
Desde Ayotitlán hasta Cuautitlán hay casi 30 kilómetros de desgaste. El camino baja entre cerros abiertos, árboles desfondados y piedras sueltas que rebotan bajo las llantas. Hay tramos donde el pavimento se agrieta; otros donde ya sólo queda tierra suelta, raíces expuestas, huellas borrosas de camionetas.
Es Viernes Santo. No hay misa, ni campanas, ni romerías. Sólo una figura inmóvil en la entrada del pueblo, un Judas. Apago la moto frente a la tienda. Un hombre bebe una cerveza bajo la sombra. La lata fría, el calor encima. Preguntar por Higinio en Cuautitlán es dejar caer un clavo en el suelo y esperar a ver quién parpadea. La gente se calla, se acomoda el sombrero, desvía la mirada.
—Tenía rato con problemas —dice el hombre.
Higinio Trinidad de la Cruz tenía medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras desde 2021, tras haber recibido amenazas. Había denunciado tala y extracción ilegal en la Sierra de Manantlán. También promovía juicios para que más de 140 familias indígenas pudieran votar en la elección del comisariado ejidal.
—Fue político lo del defensor —dice como si la cerveza le ablandara la lengua—. El comisariado temía perder el control del ejido Ayotitlán.
—¿Y por eso lo mataron?
—Aquí la gente sabe cuándo hablar y cuándo no. Él ya sabía que lo traían en la mira. Aun así vino aquí.
El hombre termina la cerveza. Aplasta la lata con el pie y señala hacia el Judas.
—Al rato lo vamos a quemar.
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En la plaza el nombre del municipio se anuncia con letras de colores, como si se tratara de un destino turístico. Nadie lo niega pero pocos quieren hablar. En Cuautitlán, el nombre de Higinio Trinidad de la Cruz flota como si aún caminara por estas calles. Desde ahí y hasta Minatitlán, Colima, la moto baja sin pausa. Una caída en zigzag entre laderas pelonas, caminos partidos y surcos que desgarran el paso. La rueda trasera patina sobre tierra suelta. El lecho del río Armería está seco: un desierto de piedras calientes. Hay polvillo que viene de Peña Colorada.
—Trabajé veinte años, fui contratista. Hay mucha lana, pero todo tiene dueño. Aquí nadie mueve una piedra sin permiso de Peña Colorada —dice P., un hombre de barba canosa y botas gastadas, habla desde la sombra de un árbol.
Le muestro el mapa en el celular y P. lo observa con atención. Mueve el pulgar, se orienta para ubicar el tajo principal y luego otro más al norte, fuera del perímetro. No es parte del complejo minero oficial.
—Esas son Las Pesadas. Allí escarban ilegal, pero hasta eso lo saben los de arriba. ¿Quién crees que pone la maquinaria?
Desde el cielo, junto al tajo principal de la mina, un sitio de extracción irregular llamado Las Pesadas se ve como un campo desollado. No hay simetría, ni trazos ni lógica industrial. Es tierra revuelta, abierta a cuchilladas. La vegetación termina en seco y comienza un terreno amarillento, charcos lodosos, una laguna verdosa. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente documentó la ilegalidad de estas extracciones de hierro en predios de Minatitlán, con afectaciones directas sobre el arroyo Tepehuajes y especies maderables, como la guásima, la rosa morada o la parota.
Un poco más al norte de Peña Colorada, pasando el Cerro Prieto y antes de llegar a Chanquiahuitl, en territorio de Jalisco, la escena vuelve a repetirse. Laderas abiertas, surcos irregulares. En esta zona la extracción ocurre fuera de los márgenes oficiales, pero con maquinaria que no parece improvisada.
El terreno luce desgajado: manchas ocres, bancos de material removido. No hay bardas ni vigilancia visible; sin embargo, aquí se trabaja. Se ha trabajado desde hace años. Nadie en las comunidades aledañas ignora quién mueve las máquinas, pero pocos se atreven a nombrarlos. Las coordenadas cambian. El patrón de extracción se extiende como una red: abren, extraen, desaparecen. Entre Jalisco y Colima, la tierra se explora sin permiso y se explota sin pausa. Lo que antes era monte ahora es mineral revuelto.
Miles de toneladas de hierro
Desde Minatitlán, el camino hacia el pueblo de Peña Colorada corre diez kilómetros hacia Manzanillo. A mitad de la ruta, aparece la primera línea de tubos verdes que cruzan el camino. La moto sigue el trazo como si fuera una pista. Ya se ve la cresta de la mina: un tajo grisáceo. No hace falta llegar. Peña Colorada se impone desde antes.
Todo lo que se mueve obedece a la lógica de la extracción. La carretera que conduce a la mina no es pública en la práctica: una cadena impide el paso hacia un camino que funciona como un corredor industrial blindado, exclusivo para las volquetas y camiones que entran y salen en fila.
En uno de los kioskos de la plaza principal, junto a una escultura de dos perros xolos bailando, E., un hombre de rostro curtido y gorra, toma un refresco caliente. “Yo manejo un volquete minero”, dice. E. saca su celular y lo muestra como acto de fe.
En la pantalla, una columna de humo asciende desde el cerro como un fantasma que no termina de desvanecerse.
—Aquí es una voladura —dice señalando en el video, captado en pleno momento de la detonación en el complejo minero.
Es muy grande la mina. En el video se escucha un murmullo metálico de fondo: radios, alarmas, voces entrecortadas. “¡Se cebó!”, lanza uno, el polvo se expande y las laderas tiemblan. La imagen vibra. Hay quienes se alejan, otros sólo observan.
—¿Con dinamita? —le pregunto.
E. asiente, como si ya fuera obvio.
—Cuando hay explosiones, sacan a todos de sus áreas. Por eso se ve retirado. Pero aún así, se siente la onda. Esa fue la semana pasada.
“¡A la verga!”, expresa otro trabajador en el video después de la explosión.
E. ha visto de todo. Lleva 25 años trabajando aquí. Ha presenciado hasta tres explosiones por día. Es parte del ritmo. Como los accidentes. Pero de esos no quiere hablar porque dice que son de mala suerte. Parte de una ingeniería que opera desde fuera del mapa. Desliza el dedo en el celular y muestra otro clip: un paisaje gris, sin cielo, sin árboles. Hay máquinas que parecen insectos gigantes: brazos hidráulicos, cadenas, palas colosales.
—Esa es la pala que carga los camiones grandes —explica. Luego señala otra figura al fondo, semienterrada entre la bruma de tierra levantada —. Y esas perforan, las que hacen los barrenos, donde meten los explosivos.
La mina Peña Colorada opera bajo el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, un engranaje estratégico en la industria del acero. Aunque jurídicamente aparece como una empresa independiente, su funcionamiento responde a un diseño corporativo que garantiza el control absoluto de la producción a dos empresas: ArcelorMittal y Ternium.
Peña Colorada no siempre estuvo en manos privadas. En 1984, nació como un consorcio mixto donde el Estado mexicano y empresas nacionales como Altos Hornos de México, HYLSA y Fundidora Monterrey tenían participación. Pero con el colapso de la industria siderúrgica en los años noventa, las privatizaciones hicieron su trabajo. Hoy, cada tonelada de hierro que sale de Peña Colorada ya tiene destino antes de ser extraída. No hay mercado, no hay compradores alternativos: 50% del consorcio es de ArcelorMittal, el otro 50% es de Ternium. No hay más. El país entregó, en la práctica, una de sus principales reservas de mineral de hierro.
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La historia de esta estructura comenzó en los años setenta, cuando Peña Colorada era un proyecto estatal impulsado por Altos Hornos de México y U.S. Steel. La privatización llegó en los años noventa, disfrazada de modernización. Mittal Steel y Sicartsa, predecesoras de ArcelorMittal y Ternium, se hicieron del consorcio. Desde entonces, el mineral fluye sin interrupción hacia la industria siderúrgica global, mientras las comunidades indígenas siguen reclamando el derecho a decidir sobre sus territorios con consentimiento previo, libre e informado.
Tan sólo en 2023, Peña Colorada extrajo 3.97 millones de toneladas de hierro, según cifras del consorcio, cantidad vasta para levantar al menos 540 torres, como la Torre Eiffel, una tras otra. Suficiente para cubrir de acero el centro histórico de Guadalajara, el mercado de San Juan de Dios, el Parque Agua Azul, el Teatro Degollado, la Catedral, la glorieta de los Niños Héroes y hasta la Vía RecreActiva. Todo desaparece bajo una maqueta de París multiplicada hasta el delirio.
Peña Colorada cuenta con 20 títulos mineros vigentes ante la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía. En conjunto abarcan alrededor de 39 mil 034 hectáreas, lo cual representa una de las mayores extensiones controladas por una sola empresa en el Occidente mexicano. Por ejemplo, el título de concesión número 227602, Los Juanes, fue otorgado el 17 de julio de 2006 –durante el sexenio de Felipe Calderón– y permanecerá vigente hasta el 17 de julio de 2056. Se trata de una concesión de explotación que abarca 7 mil 516.40 hectáreas dentro del municipio de Cuautitlán.
Los Juanes es el polígono más amplio del complejo minero. Colinda directamente con la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán y comprende territorios habitados por comunidades indígenas nahuas, entre ellas Ayotitlán, La Astilla, Mameyito, San Antonio y Los Potros. Una revisión detallada de los títulos de concesión revela que la actividad extractiva cuenta con permisos vigentes hasta 2062.
Además, entre las concesiones más extensas destaca el lote Salomón, al sur del estado de Jalisco, que abarca una superficie de 11 mil 899 hectáreas y cuenta con autorización vigente hasta el año 2060: 35 años más de hierro.
La gente que se llevan a trabajar y no regresa
Al mediodía el cielo es un brasero. Arde sin flama sobre las cumbres exhaustas, donde sólo quedan esqueletos de árboles calcinados. Avanzo por una brecha pedregosa que baja desde la sierra hacia el valle. El aire golpea seco en la cara. A la izquierda, los troncos quemados se yerguen como fósiles. A la derecha, montículos de tierra roja. El motor ruge entre baches y tramos de grava suelta. Cada tanto, un burro famélico, una llanta abandonada, un corral sin puertas.
Detengo la moto al ver a un hombre junto a un mezquite. D. tiene 47 años, aunque la piel curtida y los ojos hundidos le suman otros diez. Lleva una camisa abierta empapada en sudor, el rostro sombreado por una gorra. Sus manos están marcadas: cicatrices viejas, uñas rotas, piel dura como su silencio.
—Después de los incendios, llegan ellos —dice sin quitar la vista del horizonte— en camionetas. Se llevan a la gente pa’ trabajar allá arriba. Ya ni preguntan.
—¿Quiénes son ellos?
No contesta. Sólo levanta la barbilla en dirección a las laderas pelonas donde se oculta la mina Peña Colorada. Ahí, donde la montaña se ha vaciado.
Vuelvo a montar la moto. El camino se hace más pedregoso. Cruzo un tramo seco donde antes debió correr agua. A la distancia, el viento levanta pequeñas tolvaneras que giran sin rumbo. Más adelante una tienda. Una construcción de block y lámina con una sola puerta abierta. Afuera, una silla rota, dos perros flacos dormidos, una caja de refrescos vacía. Apago el motor. El polvo se asienta. Desde la sombra del interior, una voz habla sin levantar la mirada:
—Por aquí nadie dice nada.
La mujer permanece sentada detrás de un mostrador de madera sin barniz. Lleva un rebozo claro sobre la cabeza y un vestido floreado que parece más viejo que ella. En las manos sostiene un trapo húmedo con el que limpia, sin apuro, un frasco de Nescafé cubierto de polvo. Pregunto si conoce a los que se van a trabajar allá. Ella no responde de inmediato. Coloca el frasco sobre el estante con otros, todos vacíos.
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—No los conozco, no. Pero sé quiénes ya no están. Aquí la gente se va. A veces vuelve. A veces no.
Hace una pausa. Afuera, un burro brama como si no supiera qué hora es. El calor no cede.
—¿Y por qué se van?
—Porque no hay nada. Ni escuela, ni médico, ni maíz. Nomás polvo —dice encogiéndose de hombros—. A veces viene alguien de la empresa y dice que hay chamba arriba, que pagan bien. Y la gente se apunta. ¿Qué va a hacer uno? No se les puede decir que no.
—¿Y si no regresan?
—Entonces ya nadie pregunta—dice con cierta imparcialidad. Como quien repite una receta vieja.
—Aquí ya aprendimos que el que pregunta, se enreda.
La mujer guarda el trapo en una cubeta.
—¿Usted es periodista, verdad?
Asiento.
—No va a sacar nada. No aquí. Lo que pasa aquí, no sale en ningún lado. Ni en la radio, ni en el teléfono. Y aunque saliera… no pasa nada.
Se levanta. Saca una botella de agua del refrigerador, la coloca sobre el mostrador.
—Tome. Está fría.
La puerta de lámina cruje con una ráfaga. Afuera, el polvo sigue girando como si alguien lo hubiera despertado.
Es una mina sin agua
Una docena de kilómetros después, cerca del ejido San Antonio, bajo la sombra rala de un aguacate, tres jóvenes beben Coca-Cola tibia en vasos de unicel. No hay hielo. Uno se sienta sobre una llanta; otro se recarga contra una moto. Chupan paletas de caramelo. Recargado en una de sus motos, un maniquí con ropa de faena: camisa cerrada hasta el cuello, cuetes colgando como pecheras, la cara cubierta con un pañuelo y una gorra mal puesta. Los jeans tienen marcas de aerosol: una cruz negra, un símbolo incompleto.
El Judas está listo para estallar.
—Es pa’ que vean lo que pasa con los traidores —dice uno, sin levantar la voz.
No dice de qué traición habla. Lo dice como si no hiciera falta más, mientras escupe una flema y vuelve a beber de su vaso. Sus palabras caen como piedra al pozo.
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Nadie se asoma a ver si hace eco. A medio kilómetro en dirección a Peña Colorada, la tierra está abierta. Se notan surcos, llantas enterradas, huellas de retroexcavadora. No hay letreros ni sellos oficiales. Es un predio como tantos otros en la región, donde se extrae sin permisos visibles, sin nombres firmados.
Según el Registro Público de Derechos de Agua, Peña Colorada no extrae ni descarga un solo litro de agua nacional. Así lo indican sus dos títulos vigentes: uno para “uso industrial”, emitido por el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, y otro para “servicios”, otorgado por la Dirección Local Colima.
Ambos registros son claros: cero metros cúbicos de agua superficial, cero de agua subterránea, cero de descarga. Ni una gota. Sin embargo, la mina abarca 394 mil 67 metros cuadrados de zonas federales, distribuidos en 63 anexos. Casi 40 hectáreas de terrenos de la nación, autorizados para actividades industriales, pero sin el respaldo hídrico que exige una operación de esta magnitud.
En junio de 2021, la diputada Laura Imelda Pérez Segura, de Morena, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo en relación con Peña Colorada. Ella reveló la imposibilidad de acceder libremente a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Consorcio –el documento que toda empresa debe presentar ante el gobierno para obtener permiso de operar en zonas naturales–, pese a que las operaciones de la empresa afectan directamente a comunidades indígenas nahuas del municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, así como a habitantes de Minatitlán, Colima.
Según consta en esa proposición, la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Colima admitió la existencia de una autorización ambiental vigente por una superficie de 827 hectáreas y con una duración de 23 años. Sin embargo, negó la entrega de una copia electrónica de la MIA y condicionó su consulta a una revisión presencial. Además, la proposición resalta una contradicción entre delegaciones federales: mientras la Semarnat en Colima reconoce la autorización ambiental, la oficina homóloga en Jalisco respondió que no posee información relacionada con concesiones en la zona de influencia de Peña Colorada.
Pérez Segura advierte que las comunidades afectadas nunca recibieron consulta. A juicio de la legisladora, la negativa reiterada de la Semarnat a brindar acceso a la MIA obstaculiza el ejercicio pleno de los derechos humanos a la participación, a la información ambiental y a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Presas de jales, residuos de montaña triturada
Del otro lado de la carretera, detrás del tajo abierto, se extiende algo que no figura en los mapas turísticos: una presa de jales. No es agua. No es tierra. Es el residuo molido de la montaña triturada, una papilla de metales muertos y químicos sin nombre. Los desechos de la mina los entierran ahí. Los jales no huelen, no suenan, no se mueven. Pero están vivos. Respirando lento, filtrándose en las venas del valle.
Desde una imagen satelital, parece una herida contenida con concreto. Un estanque muerto, vasto, opaco. Allí va a dar todo lo que no se convierte en dinero: el polvo del hierro, los químicos del lavado, los sedimentos del subsuelo. Nadie sabe qué contiene realmente. A lo largo del camino que separa la mina de la presa, corren tuberías de alta presión, que atraviesan la carretera como líneas trazadas por una regla. No emiten sonido pero su sola presencia organiza el territorio.
Cada curva del camino parece pensada para no interrumpir su curso. Aquí el hierro no sólo se extrae: se entuba, se traslada, se impone.
Veinte kilómetros antes de llegar a Manzanillo, la escena se repite, pero a otra escala: la planta de desaguado de Peña Colorada, a un costado de la localidad de Paticajo, ocupa una extensión de terreno donde cabría el pueblo entero más de cinco veces. Nadie tiene certeza de cuánto material ha sido vertido allí. No se conoce la profundidad exacta, ni las filtraciones, ni los efectos a largo plazo. Se sabe lo suficiente para guardar silencio. Y se ignora lo suficiente como para que siga creciendo.
El puerto de Manzanillo
El mar aquí es maquinaria. Desde los muelles de Manzanillo, se alzan grúas que parecen vértebras de un animal extinto y contenedores apilados como bloques de un imperio logístico: Maersk, Evergreen, Hapag-Lloyd, Hamburg Süd. Distribuidores de mercancía global. Desde esta costa, el mineral extraído de Peña Colorada emprende su viaje. “De aquí salen las varillas”, dice un obrero que fuma afuera de un Oxxo. Lo dice como quien anuncia un nacimiento. Lo que aquí se produce, ArcelorMittal –el conglomerado con sede en Luxemburgo– lo transporta a sus plantas en Europa para fabricar autos verdes.
El malecón pasa como una cinta gris por la ventanilla. Hay familias y vendedores, el mar está ahí al lado, y aun así el coche se siente como un cuarto cerrado. Está crónica que inició buscando a una viuda, termina con el encuentro de un hijo. L. se va directo a su padre y a lo que no se decía en casa: “Mi papá antes no nos contaba a qué se dedicaba en sí… por lo regular, no nos contaba en qué trabajaba.”
—¿Para protegerse?
—Sí, para no saber. Más que nada, para no preocupar a nuestros familiares. No teníamos un conocimiento exacto de en qué se estaba relacionando mi papá.
L. extiende el sentimiento de temor a la comunidad: su padre camina con gente del pueblo, ellos lo acompañan, pero nadie revela nada. “Le preguntábamos a la gente y tampoco ellos nos querían decir.” Su mamá se entera “por algunos medios” y le ordena retirarse. La respuesta del padre queda fija: “No se retiró de eso.” Y en la misma respiración aparece el relato: “ya había muchas alertas por parte de la presidencia [municipal] de gente relacionada con el narco.”
L. cuenta las amenazas como quien enumera señales de tránsito en una carretera mala: una te salva, la otra te mata. “A mí una vez me confundieron con mi papá y me asusté, porque sí me corretearon con unas camionetas Tacoma en Ayotitlán. Me escapé.”
Mayo de 2022 vuelve en su voz con una precisión física. “La primera vez que se lo llevaron en mayo, me escondí, dejé mi motocicleta ahí estacionada y yo me corrí a los arbustos.” Habla del cuerpo pegado a la tierra, de la respiración contada para que no se note. “Escuché que la camioneta se paró, no pasó nada y me esperé como media hora y la camioneta se fue. Sí me asusté, de verdad.”
Te reocmendamos
L. regresa a su comunidad buscando calma y encuentra la escena montada. “Llegué a mi casa y pues al poco rato se escuchó una camioneta subir y mi papá tampoco estaba.” Diez minutos después, el padre aparece. L. se mete a su cuarto. Sale. La madre lo recibe con la frase que parte la noche: “hijo, se llevaron a tu papá, la policía dijo que ahorita lo van a regresar.”
La segunda vez ya no ocurre cerca de él. Ocurre donde debería haber garantías. “Mi mamá estuvo presente, fue en la presidencia [municipal] y ya, de ahí, ya no supimos nada de él.” Al día siguiente amanece con la noticia clavada en la almohada: “alrededor de las seis o siete de la mañana, cuando encontraron el cuerpo.” L. llega del trabajo a las seis de la tarde y encuentra la casa vacía, luego llega la hermana, luego la frase que le rompe el pecho: “mi papá no llega… es donde sí me entró el pánico.”
A las nueve de la noche llaman, esperan tres horas, reciben versiones que lo pasean como si fuera paquete: “estaba en la villa… lo pasaron a la huerta… y así lo traían de un lado para otro.” A las cinco de la mañana, una llamada anónima sentencia el lugar: “el cuerpo ya estaba en el arroyo Hondo.” La familia va. “Ahí lo miramos el cuerpo sin vida”. L. describe la vida después como una coreografía de coartadas.
L. suelta una razón para seguir: “Es el sentimiento que tengo hacia mi familia, hacia mi papá, él luchó por nosotros, tenemos que luchar nosotros por él.” La comunidad, dice, se queda igual de expuesta: “no ha cambiado nada. Seguimos con el pánico de que vayan a llegar por nosotros.” Y por eso decide callar ciertas cosas de su mamá, por eso pide discreción, por eso se cuida incluso de encontrarse con extraños: “Yo quiero hacerlo lo más discreto posible para que no ataquen.”
En el malecón, una sombrilla rota gira sobre sí misma.
Este reportaje forma parte de una investigación que fue posible gracias al apoyo del fondo Investigative Journalism for Europe y de Journalismfund Europe.
GSC / MMM
