Los cuatro policías ministeriales detenidos por el caso Tlatlaya, acusados de tortura, fueron puestos en libertad tan pronto cubrieron una garantía económica de 60 mil pesos cada uno. Este viernes se resolverá si son vinculados a proceso o quedan libres sin cargos.
El Poder Judicial mexiquense informó que el pasado 1 de julio, tan pronto fueron puestos a disposición de un juez, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión de dos de los imputados.
En esa audiencia comparecieron los otros dos de manera voluntaria y se les impuso como medida cautelar una garantía económica, con montos de 60 mil pesos por persona. De éstos, 33 mil 479.25 pesos corresponden a posibles multas y 26 mil 520 .75 pesos a obligaciones procesales.
Las cantidades fueron exhibidas por los cuatro imputados en la misma audiencia, por lo cual se ordenó su inmediata libertad y abandonaron el penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez.
Esto, luego que el pasado 29 de junio se llevó a cabo la audiencia para solicitar orden de aprehensión en contra de siete personas por el hecho delictuoso de tortura, en agravio de tres mujeres por hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, donde murieron 22 personas.
Fijaron un día después para resolver esa petición y un juez libró la orden de aprehensión solicitada, pero solo por cuatro de los siete solicitados. En los otros tres casos se negó la petición.
El miércoles, el Ministerio Público solicitó se generara una audiencia de formulación de imputación sin detenido por el hecho delictuoso de abuso de autoridad en contra de una mujer, el cual se resolverá este 3 de julio.
Estos hechos están contenidos en la carpeta administrativa 1291/2015 y que se desahoga en el juzgado de control del Distrito Judicial de Toluca, ubicado en Almoloya de Juárez.
Estos hechos están relacionados con la muerte de 22 presuntos criminales en el municipio de Tlatlaya, a manos de integrantes del Ejército mexicano hace un año.
La Procuraduría General de Justicia de la entidad determinó que al menos siete policías ministeriales de la institución incurrieron en encubrimiento y tortura, por lo que ejerció acción penal en su contra el miércoles.
Todo ello como parte de la recomendación 51/14 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos y luego de una investigación en la que consideraron que los elementos de la PGJEM maltrataron física y psicológicamente a tres de las víctimas para obtener información relacionada con las agredidos. Los elementos fueron identificados por las víctimas.
